Cada día una nueva excusa para no ir al fondo del verdadero problema de la ley contra la violencia de género, que no es otro que la falta de recursos humanos y materiales, personas y dinero, para hacerla cumplir.
Cada vez que un nuevo crimen machista especialmente cruel o un encadenado de varios de ellos hace saltar la alarma social y la gente empieza a preguntarse para qué sirve esa ley, el Gobierno, solo o en compañía del resto del arco parlamentario, como esta vez, se saca un endurecimiento legal de la chistera.
Una subcomisión del Congreso acaba de aprobar por unanimidad reformar esta ley para que estar borracho o drogado deje de ser una eximente y se convierta en un agravante en los delitos de violencia contra la mujer. ¿Y van cuántos con éste? ¿Cuántos mientras las mujeres siguen muriendo como chinches, a veces sin denunciar y otras denunciando incluso con reiteración a su agresor?
Los policías de apoyo que pide la policía para poder hacer efectivo el alejamiento del agresor de su víctima, que prescriben las órdenes de alejamiento judiciales, siguen sin llegar. Los psicólogos, los psiquiatras, los trabajadores sociales necesarios para amparar a esas mujeres tan aterrorizadas a golpes y amenazas por el hombre al que quisieron (muchas aún le quieren), que ni se las oye cuando marcan el número de urgencias para pedir auxilio, siguen sin llegar. Las plazas en casas y pisos de acogidas para todas esas mujeres de cristal en absoluto riesgo, el dinero imprescindible, de supervivencia, para las organizaciones altruistas o no que las atienden a ellas y a sus hijos hasta que reencauzan sus vidas; los convenios con empresas para proporcionar a las mujeres maltratadas un trabajo estable que les ayude a recuperar a través de la independencia económica su machacada autoestima, sigue sin llegar.
¿Cuántos cuentos más sobre que el problema son las leyes nos van a contar nuestros políticos antes de tomarse en serio, de verdad, la lucha contra la violencia contra las mujeres? ¿Cuántas muertas más?
