Debería de haber algún mecanismo de control diario que impidiera que los políticos malgastaran el dinero público. No es que no haya mecanismos de control sobre el gasto, es que éstos se ponen en marcha a agua pasada, es decir cuando ya se ha gastado lo que no se debía.
Esta reflexión viene a cuento a propósito del despropósito protagonizado en el Parlamento catalán, en el que acaban de contratar a interpretes del catalán al castellano y del castellano al catalán, a raíz de una visita de una delegación de diputados nicaragüenses.
Al parecer, el responsable de tamaño desatino es el director general de Cooperación al Desarrollo, David Minoves, que depende del vicepresidente de la Generalitat, Carod Rovira.
Los diputados nicaragüenses hablan castellano al igual que los parlamentarios autonómicos catalanes, de manera que, se mire como se mire, es un disparate, además de un derroche, contratar a interpretes para traducir del castellano al catalán y viceversa. Más parece una mala comedia que un acto institucional serio.
Menos mal que hubo algún diputado del PSC, junto a otros del PP y de Ciudadants, que protestaron, pero sus protestas fueron un brindis al sol porque ni el señor Minoves ni el señor Carod se han preocupado lo más mínimo.
Yo insisto en que debería de haber un mecanismo que impida el malgastar el dinero público y, si aún existiendo ese mecanismo, se malgasta entonces que los políticos responsables paguen de su bolsillo. De manera que, si como parece, los servicios de traducción cuestan unos 350 euros la hora y media, amén de la instalación de cabinas, sonido, etc., se deberían echar las cuentas de cuánto tiempo estuvieron los interpretes en cuestión, sumar las horas y demás gastos y restarlos de los sueldos de los señores Minoves y Carod Rovira.
Lo que no es de recibo es que los ciudadanos tengamos que pagar con nuestros impuestos estos disparates. No sé si el señor Carod y el señor Minoves se han enterado de la magnitud de la crisis económica, de lo mal que lo están pasando miles de familias, de que muchos malviven con el subsidio del desempleo, de que han subido los impuestos a la sufrida clase media y a los que aún conservan el trabajo y que, por tanto, los ciudadanos nos merecemos un respeto por parte de los políticos y ese respeto pasa porque no malgasten nuestro dinero. Hacienda debería de perseguir a aquellos que estando al servicio de los ciudadanos malgastan el dinero público. La otra opción, ya digo, es que paguen de su bolsillo.
