Conocemos personajes en Ibiza que llevan toda la vida en uno u otro cargo político sin que se conozcan sus realizaciones en beneficio de la sociedad ni se recuerde ya a qué se dedicaban antes, y gane quien gane las elecciones saben buscarse otro cargo de lo que sea para seguir medrando en uno de esos puestos llamados ´de libre designación´. La escandalosa corrupción de nuestra vida política, que no cesa de ofrecer a diario nuevos casos, no proviene sólo de los que meten la mano en la caja, también de los que han adoptado la política como modus vivendi y de los que sobreviven en ella por su incapacidad para estar mejor en otro sitio. Ahí se engendra buena parte de la corrupción de la política, como desenmascara el profesor Lapuente, en un sistema político que admite que «el partido que controla un gobierno local pueda nombrar multitud de altos cargos y asesores, y, a la vez, tejer una red de agencias y fundaciones con plena discreción en política de personal».
La red de intereses e interesados que aspiran a obtener un puesto bien remunerado, les da igual de qué, gracias a su afiliación a un partido, es un abuso contra la consecución del bien común que justifica la existencia de esos puestos. En España, con un olvido culpable de profesionalizar la Administración, toleran este estado de cosas todos los partidos con tal de tener un colchón de plazas con el que pagar adhesiones a sus corifeos. Esos empleados públicos temporales, los cargos de confianza, «son más propensos a aceptar o a solicitar sobornos a cambio de tratos de favor que los empleados públicos con un contrato estable».
En ese medio ambiente lo que se torna esencial no es el servicio público, sino el ganar las próximas elecciones para seguir dentro. Y así es facil que disminuya la sensibilidad contra los tratos de favor o la financiación ilegal del propio partido. Además, vemos con asombro cómo una y otra vez los conceptos de gastos más insólitos pasan inadvertidos al ejército de interventores de la Administración que teóricamente están para poner su veto. Ejemplo estrafalario: los gastos de lavandería de Rodrigo de Santos a las cuatro de la madrugada en un club gay de Palma pasaron el control de una intervención municipal que tendría que demostrarnos ahora su capacidad profesional, su honradez y hasta su misma necesidad.
También la patronal y los sindicatos CCOO y UGT entran en el juego de desviar fondos, inflar presupuestos para obtener más subvención, falsificar costes y cobrar por cursos de formación de trabajadores que nunca se impartieron. Hace años que el Tribunal de Cuentas dictaminó el fraude sistemático que patronal y sindicatos hacían con esas subvenciones: listas de alumnos fantasmas, gastos en material inexistente, todo ello con costes subvencionados que son desviados en realidad a financiar a las entidades de los expertos en la simulación permanente. Es patética la contradicción entre los discursos de los dirigentes sindicales y de la patronal contra el fraude y la lectura del dictamen del Tribunal de Cuentas sobre ellos mismos. No pasa un día sin que surjan más escándalos, de financiación ilegal de partidos o de asalto al erario para provecho personal.
Mientras los déficits y los impuestos aumentan y los presupuestos disminuyen, los escándalos de avaricia y corrupción, que se han apoderado de la vida política y nos descubren los medios a diario, los usan los partidos como arma arrojadiza entre ellos mientras la sociedad que los sufre y los sufraga observa el espectáculo perpleja.
