El PP hace olas para tapar sus problemas internos. Un legítimo y viejo truco político que tiene sus límites. ¿Los está desbordando? Puede desbordarlos si, al crear una alarma infundada, la táctica acaba dañando el prestigio del Estado de derecho. Es muy grave acusar sin pruebas al Gobierno de estar forjando una especie de Estado policial. Pero también debe quedar muy claro que si ha detectado indicios sobre un uso indebido de las nuevas tecnologías en el control de las comunicaciones, tiene la obligación de dar la batalla política en defensa de derechos fundamentales. En este caso, la privacidad y el secreto de las comunicaciones.
La polémica se desató a raíz de una iniciativa parlamentaria del PP reclamando del Gobierno un proyecto de ley orgánica que refuerce el control judicial sobre el uso policial de la mencionada tecnología (Sitel). La nueva regulación contemplaría la anulación «como medio de prueba» de las causas judiciales que se hayan instruido en base a la utilización de ese sistema. Por ejemplo, el caso Gürtel, que afecta de lleno al partido más interesado en demostrar la falta de cobertura legal de este sistema de intervención de comunicaciones telefónicas y de Internet. Por tanto, tampoco podemos dejar de detectar el oportunismo de esta iniciativa del PP respecto a un sistema muy eficiente en la lucha contra la delincuencia (crimen organizado, terrorismo, narcotráfico).
Distingamos dos planos diferentes. Uno, el ya expuesto de la presunta falta de cobertura legal para el sistema. Y otro, el mal uso del sistema que puedan hacer las fuerzas de seguridad del Estado con escuchas sin contar con el juez. El PP debería llevar las pruebas a los tribunales porque esas conductas son delictivas. Y si lo que quiere es dejar las cosas en un terreno estrictamente político, debe ser más explicito a la hora de justificar su ofensiva, porque Sitel es perfectamente legal. Cuestión distinta es el intento de mejorar la cobertura legal del sistema o reforzar las garantías en defensa de derechos fundamentales. Pero esa justa pretensión no invalida el uso de Sitel en la lucha contra el delito y por orden judicial.
