Como ya escribió el arriba firmante en otra ocasión, al PP le gusta el Faisán. Y quiere más. En su necesidad de hacer hogueras más altas que las de Gürtel y Caja Madrid, el partido de Rajoy sigue empeñado en convertir el caso del chivatazo policial, que supuestamente sirvió para impedir la detención de uno de los contables de ETA (mayo 2006), en un elemento más de su reyerta política permanente con el Gobierno. En el Parlamento, donde el ministro Rubalcaba está emplazado para dar las explicaciones que no dio la vicepresidenta De la Vega. Y también en los tribunales, oponiéndose a la petición de archivo formulada a principios de octubre por el fiscal del caso. En cuanto al segundo ámbito de la confrontación, recordemos que el PP se ha personado ya ante los tribunales para impedir el archivo de la causa.
De nuevo, el obsceno amontonamiento del principio de legalidad con el de oportunidad. Imperio de la ley, sí, pero según convenga. Basta comparar el afán justiciero del PP y sus coros mediáticos respecto al caso Faisán con el afán justiciero de los mismos agitadores cuando se trata, por ejemplo, del informe policial sobre la financiación del PP de Valencia.
No hay diferencia entre un caso y otro respecto a la estricta aplicación de la legalidad. En el caso Faisán, pide el archivo un fiscal habilitado para hacerlo, después de practicar numerosas diligencias. En el caso de la financiación ilegal del PP valenciano es un juez quien decide hacer oídos sordos al informe policial sin ordenar ninguna diligencia, para lo cual está jurisdiccionalmente habilitado. Pero vemos que las valoraciones políticas de uno y otro caso, en función del respeto debido al funcionamiento del Estado de derecho, no tienen nada que ver.
¿Y eso por qué? Pues porque no importa tanto el prestigio del Estado de derecho o la fe en la democracia, que son las razones esgrimidas para mantener vivo política y judicialmente el caso Faisan. Lo que de verdad importa es romperle las piernas al adversario. A costa de lo que sea. En este caso, poniendo en peligro las estrategias policiales que están dando unos excelentes resultados en la lucha contra el terrorismo.
Hay quien reclama justicia para los responsables del chivatazo policial en nombre de la transparencia y el imperio de la ley, pero un minuto después se muestra dispuesto a aceptar la liberación de los dos piratas somalíes detenidos en España, si ello sirve para que los secuestradores del ´Alakrana´ dejen en libertad a nuestros compatriotas. Incluso se atreven a darlo por mejor empleado que la libertad dictada en su día para el etarra De Juana Chaos. Pero todo el mundo sabe que, aunque causara alarma social, aquella decisión judicial no tuvo nada de arbitraria, pues estaba relacionada con la estricta aplicación del Código Penal.
