El alto precio de las licencias ilegales

La reciente sentencia del Tribunal Supremo que confirma la ilegalidad de una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Sant Antoni efectuada en 1997 sitúa al Ayuntamiento de Portmany ante un nuevo atolladero que le puede resultar muy gravoso. El fallo deja en evidencia la actuación de los responsables del Consistorio en esa época, que primero otorgaron una licencia ilegal para construir el edificio ´Sol Bahía´ y que, después, cuando el Tribunal Superior de Balears anuló ese permiso y obligó a demoler el inmueble ya edificado, se sacó de la manga una chapucera modificación del PGOU para legalizar varios edificios que se hallaban fuera de ordenación, entre ellos el ´Sol Bahía´. Tan burda fue la maniobra que el Tribunal Superior de Ba-
lears y el Tribunal Supremo han subrayado claramente que el Ayuntamiento modificó el planeamiento urbanístico «con el único propósito de incumplir la sentencia [de demolición], o mejor, con la intención de que ésta no se ejecute».
Pero no es Sant Antoni el único municipio pitiuso que se enfrenta a posibles indemnizaciones por haber dado licencias ilegales basadas en interpretaciones forzadas de la legalidad para favorecer el interés de los promotores. En Formentera ha pasado algo parecido en ses Castellones y Sant Josep tiene también una demolición pendiente en el Puig d´en Serra con parecidos antecedentes, aunque con agravantes respecto a los casos anteriores. Sin embargo, todos tienen en común parecidas artimañas políticas y jurídicas, unidas a considerables dispendios económicos, para tratar de amparar esas ilegalidades y evitar las demoliciones; dicho de otro modo, todos esos ayuntamientos dedicaron mucho dinero público y muchas horas de trabajo de técnicos y funcionarios a la impropia finalidad de burlar la ley y las sentencias judiciales.
Dejando al margen las corruptelas o la infinidad de triquiñuelas empleadas o consentidas desde los ayuntamientos para hacer posible lo que legalmente no lo era, que ya de por sí conllevan una deliberada (y delictiva) voluntad de vulnerar la legalidad, podemos admitir que el urbanismo no es una ciencia exacta y que en ocasiones un proyecto puede suscitar dudas legales o interpretaciones divergentes sobre un mismo precepto, pero en esos casos la prudencia y el interés público aconsejan optar por la decisión más restrictiva, la que no comprometa el futuro colectivo. Siempre será mejor, y más barato para el erario, que los tribunales obliguen a un ayuntamiento a otorgar una licencia injustamente denegada que tener que afrontar las consecuencias de demoler e indemnizar por una edificación ilegalmente autorizada pero construida gracias a una licencia municipal que nunca debió otorgarse. Este elemental principio de prudencia fue sistemáticamente ignorado durante décadas, porque ediles y promotores confiaban en que los hechos consumados eran siempre irreversibles o en que nadie estaría dispuesto a asumir los costes de pleitear durante años en todas las instancias. Y ahora comenzamos a pagar las consecuencias de todos aquellos excesos, de los que nadie quiere responder ni asumir la menor responsabilidad.