En las últimas semanas he escuchado a personas que saben leer y escribir comentarios inquietantes sobre los asesinos de Marta del Castillo. Alusiones a que «un hábil interrogatorio» lograría descubrir el paradero del cuerpo de la pobre muchacha, y estoy convencido de que así sería, porque la tortura refresca bastante la memoria, tan convencido como que traspasar ciertos límites puede resolver un caso y envilecer a la sociedad.
El Estado de derecho tiene sus obligadas servidumbres, aunque existan muchas ocasiones en las que nos gustaría la actuación de Harry, El Sucio, pero si se permitiera la tortura en un caso ¿por qué no en otros?
La metedura de pata de grabar las conversaciones entre abogados y defendidos, que ha hecho reaccionar, con razón, al Colegio de Abogados, va a arruinar una buena investigación y, a la postre, beneficiará a unos canallas por la actuación de un juez que es muy inteligente, pero que ha traspasado unas barreras que nunca debería haber cruzado.
Si en un delito de malversación económica, atropellamos el derecho a la defensa, ¿qué reservaremos para las violaciones y el asesinato? ¿Encierros preventivos de varios años, o volvemos a la bañera como en los tiempos franquistas, y a la picana en los testículos?
Un juez muy inteligente, pero con una soberbia todavía mayor que le ha creído en posesión de bulas, y una Fiscalía que se ha dejado llevar por un entusiasmo atropellado, han contaminado un caso, cuyo descubrimiento es beneficioso para toda la sociedad, y se ha saltado esas obligadas servidumbres que son la garantía del Estado de Derecho.
A mí también me cae bien Harry, el Sucio, y el indígena que llevo dentro le aplaude, pero la vida no es una película y las garantías no pueden residir ni en el arbitrio, ni en el capricho.
