Las cabras y el Parlament

Rodríguez Ibarra consiguió que bautizaran a la Autonomía extremeña como la del ´gobierno de las cabras´ tras su gresca con una famosa duquesa a cuenta de unas fincas supuestamente mal explotadas. Sucedió aquello a consecuencia de su inveterada propensión a hacer planteamientos a lo bestia, que no ha perdido aún después de retirarse voluntario del gobierno de Extremadura.
Ahora deja caer algo que muchos piensan y se callan cuando se refiere al chollo que para algunos foráneos significa la asistencia sanitaria universal y gratuita ´a la española´. Con el paro desbocado, ambiente de crisis y los países del entorno persiguiendo al inmigrante ilegal con leyes y actuaciones policiales, las intratables listas de espera de nuestra sanidad pública irritan a los afectados a pesar de que los gestores de cada época se empeñen en maquillarlas. Ya hace años que la calle asocia, con razón o sin ella, esas listas y otras cojeras del sistema al notorio volumen de extranjeros asistidos en nuestro sistema de salud. Conocer la repercusión real sobre la asistencia de esa atención a extranjeros no se riñe con la solidaridad que el país les muestra: se riñe con la costumbre de ciertas autoridades de no dar datos al contribuyente y sustituirlos por declaraciones grandilocuentes.
Desconocemos datos, que las autoridades sanitarias deben elaborar y publicar, sobre los no residentes tratados en los varios niveles asistenciales, su procedencia y los gastos derivados de su asistencia. Dejar las cosas a cargo de la imaginación sólo puede dar pie a supuestos que pueden ser utilizados demagógicamente, a reticencias injustificadas contra la inmigración legal e ilegal e incluso a actitudes racistas.
Tanto el poder como la oposición demuestran, con  la inmediata y sobreactuada contundencia de sus reacciones, que Rodríguez Ibarra ha tocado un tema sensible que les incomoda. Hay la sensación de que un sistema de salud de alto nivel, como es hoy el español, podría verse  sobrepasado por un exceso de usuarios, y la gente tiende a señalar a posibles intrusos que lo masifican, preocupada porque la atención de las enfermedades propias sea más rápida y eficaz. Si por definición no hay intrusos en la asistencia sanitaria, hay que decirlo con toda claridad y que todos aceptemos que la sanidad es un bien escaso que hay que compartir con todo el que lo necesite.
No es de esperar esa claridad de un tipo de políticos alejados de la realidad  que solo hace unos días aprobaron en el Parlament balear lo que llaman «derecho del paciente a una segunda opinión» médica: cuando muchos pacientes  esperan ansiosos una primera opinión desde hace demasiado tiempo, nuestros parlamentarios les dan derecho a dos, pero, advierten, sin aumentar los facultativos ni los medios de que estos disponen.
Asistir a todo el que venga exige adecuar presupuestos, personal sanitario, instalaciones y medios de diagnóstico y tratamiento en proporción al número previsible de usarios. Un Parlament que decreta alegremente la creación de nuevas pero ficticias prestaciones sanitarias mientras en Ibiza se arma el último escándalo por la penuria real, prevista y anunciada, de un servicio tan indispensable como Cardiología, revela lo ajenos que están a la realidad de la calle nuestros queridos y bien retribuidos parlamentarios. Si los presupuestos no dan de sí se entra en la disyuntiva ineludible de establecer prioridades: de usuarios o de prestaciones. Y si los parlamentarios quieren colaborar, que destinen sus nóminas y dietas a implementar sus quiméricos decretos.