El discurso que pronunció el presidente de Balears, Francesc Antich, para abrir el debate sobre el estado de la Comunitat tuvo algunas luces (las familias que pasan apuros económicos podrán aplazar hasta tres años el pago de las hipotecas, se contratarán parados sin subsidio para realizar trabajos comunitarios, se dará formación y empleo a jóvenes en paro y sin estudios básicos) y bastantes sombras por la falta de recursos para acometer actuaciones imprescindibles, que deja en mero voluntarismo algunos planes del Govern. Pero en la exposición inicial del presidente hubo también omisiones inaceptables y un pasaje particularmente sonrojante.
Cuando Antich habló de turismo apostó por la modernización del sector y aludió a los efectos que puede tener el Plan Renove turístico para crear nuevos empleos y mejorar la oferta, pero a la hora de concretar proyectos y actuaciones en cada una de las islas –que constituyen destinos totalmente distintos y diferenciados en sus características y exigencias– sólo hubo referencias a Mallorca, a la ambiciosa reforma de la Playa de Palma («reconversión pionera en todo el Estado de una zona madura» y «apuesta clara para adaptar el sector a las necesidades del siglo XXI», que conllevará además «importantes tareas de rehabilitación de viviendas e infraestructuras turísticas»). Menorca mereció una fugaz alusión sólo para señalar que sufre en mayor medida los efectos de la crisis. Pero de las Pitiusas, nada absolutamente. ¿Acaso no vive también el sector turístico de ibiza una situación preocupante? ¿No hay también en nuestras islas zonas maduras obsoletas y necesitadas de reconversión? El presidente tenía la obligación de mencionar los problemas turísticos específicos de ibiza y de Formentera, aunque sólo fuera para dejar constancia de que están en su agenda de asuntos pendientes, ya que no en la de sus prioridades.
En cambio, Antich se deleitó concretando proyectos de transporte público terrestre. Fue tan concienzudo en la enumeración y cuantificación de las actuaciones previstas que, sin pretenderlo, dejó en evidencia la brutal desproporción existente entre las cuantiosas inversiones previstas para Mallorca y las migajas que recibiremos las demás islas. Del Estado llegarán 400 millones para una «inversión histórica» en ferrocarril «en las Balears», y no dejó claro si esa cifra incluye o no otros 35 millones como «partida inicial» para el tranvía de la bahía de Palma. Frente a esta apabullante riada de dinero para desarrollar un medio de transporte del que sólo se beneficia una de las islas del archipiélago, el presidente citó los 3 millones de euros más destinados a «dar respuestas a las necesidades en materia de transporte público» de Menorca y ibiza. De vergüenza.
La gestión del presidente de Balears ha de ser vertebradora e integradora de todo el archipiélago. Su responsabilidad es establecer prioridades de gobierno, pero también evitar las discriminaciones y compensar los desequilibrios territoriales. Su sensibilidad política ha de tener raíces en cada una de las islas antes de consolidar un tallo común. Desde su función y en la tribuna del Parlament es indispensable que, en un debate como el del estado de la Comunitat, asuma explícitamente –por propia iniciativa, antes de que le arrastren a ese terreno otros grupos parlamentarios– las distintas inquietudes insulares. Adoptar esa perspectiva enriquecedora sin duda le hubiera permitido captar la obvia discriminación que suponen algunas de la iniciativas del Govern y lo inapropiado de exhibirlas de manera tan obscena en su propio discurso.