Este artículo debería titularse ´La importancia de la sociedad civil´, pues de eso es de lo que trata, pero, desde luego, no es un enunciado muy sugerente que digamos para atraer al lector. Yendo al grano: ¿quién está consiguiendo en la isla de Ibiza algunos de los principales logros que se aprecian en todos los órdenes sociales?, ¿quién es el verdadero artífice de las más sonadas victorias en el plano urbanístico, sanitario, medioambiental y de otra índole?, ¿quién mueve los grandes temas?, ¿quién impulsa los cambios?
Muchos responderán al instante: los políticos y las instituciones públicas, obviamente. Y, si bien es cierto que estos agentes son los que rematan la faena, es evidente que muy pocas veces surge de los políticos la idea original, la reivindicación primigenia. A menudo, lo que sucede es que, habiendo un grupo de ciudadanos que reclaman un determinado tema que es de justicia, los partidos se suben al carro por meros intereses electorales y, una vez en el poder, acaban viéndose prisioneros de sus promesas y, por ello, no tienen más remedio que dar cumplimiento a esas reivindicaciones. A veces lo hacen por convicción, pero frecuentemente sólo por temor a perder votantes.
No puede generalizarse, pero al menos en la isla de Ibiza los dos partidos mayoritarios son sendos grupillos de amigos más preocupados en conservar sus poltronas que en pegar un puñetazo sobre la mesa para arreglar los tres o cuatro problemas que arrastra la isla desde hace décadas. El otro partido, socio progresista de los socialistas, está demasiado ocupado claudicando un día sí y otro también ante sus compañeros de coalición como para hacer valer su peso y cambiar algo.
Así no es raro que los grandes titulares de los periódicos, las noticias de verdad (no los politiqueos sin trascendencia) no procedan de los partidos políticos ni de las instituciones públicas. Basta analizar algunos casos elocuentes. El caso Cretu, por ejemplo. La proeza sin precedentes que ha representado el derribo y desaparición física de una mansión semejante es atribuible al ciento por ciento a un grupo ecologista, el GEN, formado por amigos de la naturaleza que, además de observar aves, han sabido llevar un pleito de diez años hasta sus últimas consecuencias. Ningún partido político, ni de izquierdas ni de derechas, ha tenido ningún tipo de intervención relevante en todo el caso Cretu, y si por ellos hubiera sido, la mole de Santa Agnès aún seguiría en pie.
Pero hay más casos, aún en clave urbanística. El episodio del ex arquitecto municipal de Sant Josep, Antonio Huerta, ha protagonizado las primeras detenciones sonadas por presunta corrupción urbanística en la isla. Este individuo y su trama movieron millones y millones de euros mangoneando con parajes naturales, destruyendo un sinfín de paisajes y tramos de costa de Sant Josep, especulando de forma ilegal desde un puesto público pagado por todos los contribuyentes. Es tan grande la escala de la destrucción territorial liderada por la trama Huerta que, posiblemente, de no haber existido este sujeto cientos de parajes del municipio seguirían hoy indemnes. Todo eso no se ha podido evitar, pero sí se ha atajado su actuación y se ha impedido que el desastre continúe. Y eso, ¿gracias a quién?, ¿a algún partido progresista?, ¿a alguna institución política interesada en velar por la ley? No. Huerta cayó por la acción combinada del Colegio de Arquitectos de Eivissa y Formentera y por las denuncias de los ecologistas antes citados, amén de otras aportaciones secundarias e igualmente apolíticas.
Dejemos un momento los temas urbanísticos. Sucede lo mismo con la sanidad. Eivissa tendrá, al fin, un hospital nuevo que incorporará el servicio de radioterapia. ¿Quién fue el motor de esta reclamación? Desde luego no surgió de ningún partido ni institución política, por más que el Consell, no sin cierto retraso, acabara adhiriéndose a tan justa reivindicación. Fueron otras entidades civiles, las asociaciones locales contra el cáncer, las que se movilizaron en la calle, recogiendo miles de firmas y realizando reuniones con políticos, los que forzaron a los gobernantes a adoptar una decisión que, si no hubiera habido esta movilización social, jamás habrían adoptado.
Son sólo tres ejemplos, pero se podrían aportar muchos más, tanto del momento presente como de la reciente historia pitiusa. La conclusión es la misma: los grandes cambios no los protagoniza la clase política, sino que surgen de aquello que suele llamarse la ´sociedad civil´ o, lo que es lo mismo, la gente de la calle, organizada de una manera u otra.
Ello demuestra dos cosas. Por una parte, la incapacidad de los partidos para actuar como agentes impulsores del cambio (pues a menudo están cautivos de inconfesables mecanismos de funcionamiento) y la impotencia de las instituciones para protagonizar por sí solas los avances y transformaciones que se supone deberían protagonizar. En vez de ello, las instituciones se entretienen vendiendo como grandes logros la humareda provocada al quemar el dinero público en tonterías improductivas.
Y, en segundo lugar, demuestra que es falso el mito de que no sirve para nada denunciar. Está muy arraigada la creencia de que resulta estéril acudir a los juzgados, a la prensa, a la movilización en la calle o a otras formas de lucha social para pedir algo. Nada más lejos de la realidad. Los casos que aquí se han expuesto revelan que, precisamente, es la única vía que consigue logros tangibles y de gran envergadura. Eso sí: la constancia y la organización han de acompañar el activismo social, pues destapar el caso Huerta, derribar Can Cretu o lograr la radioterapia exigió perseverancia y fe.
Sí sirve denunciar. Sí sirve protestar. Sí sirve tirar piedras contra el muro. Si la pedrada es certera y el muro se levanta sobre falsos cimientos, éste siempre cae.