Sentencia inminente (Isaías LAFUENTE)

Parece inminente la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña. Y llegará en las peores condiciones: será dictada por un tribunal parcialmente amortizado desde hace dos años; si se confirman las informaciones que han ido trascendiendo sobre las deliberaciones, los acuerdos no serán por amplia sino por estrecha mayoría; y afectarán a algunos asuntos como el término nación y el idioma, especialmente sensibles para quienes impulsaron la reforma. Estas circunstancias darán munición suficiente a quienes se sientan damnificados y el agrio debate subsiguiente se instalará sobre un campo de batalla suficientemente minado como en el que se desenvuelve la vida política española.
El retraso en la decisión añade gravedad a un asunto tan grave. Porque el Estatuto sobre el que fallará el tribunal está en vigor desde hace mil días y la eventual declaración de inconstitucionalidad sobre determinados artículos no supone no desarrollar aspectos de la autonomía, sino desandar aquellos que ya se hayan materializado, un embrollo jurídico y político de considerable magnitud.
Curándose en salud, aquellos que no optan por lanzarse directamente a las barricadas defienden que si el Estatuto contraviene alguna ley concreta podría modificarse ésta para adecuar su contenido, olvidando que quizás aquellas leyes que hipotéticamente se pretendan reformar no den más de sí en el actual marco constitucional. Y es aquí donde llegamos a la sustancia de la cuestión. Quizás el gran error cometido es que se ha abordado una segunda transición en el ámbito autonómico sin afrontar la reforma de la propia Constitución, un instrumento que ha demostrado ser muy eficaz para llegar adonde hemos llegado pero que presenta problemas de costuras para afrontar el estirón que se pretende.
Esa reforma debería, entre otras cosas, abordar los mecanismos que eviten alguna contradicción evidente, como que un tribunal de jueces pueda echar por tierra en nombre de la soberanía popular lo que la soberanía popular ha revalidado en dos parlamentos y en un referéndum.