El despilfarro de las comunidades autónomas, que se han endeudado un 4% más, y ya deben cerca de sesenta mil millones de euros, convierte los discursos de solidaridad en fanfarria discursiva. En plena crisis económica se sigue aumentando la nómina de funcionarios, se abren embajadas regionales por el ancho mundo, y se acometen reformas de decoración interior. A continuación, en lugar de echar la bronca a quienes administran mal los recursos de los contribuyentes, se anuncia una nueva subida a esos contribuyentes para que la teta del Estado puede dar leche –11.000 millones de euros– con destino a los despilfarradores. De momento, parece que no nos van a pegar dos hostias, ni nos van a poner de rodillas, menos mal, Dios aprieta, pero no ahoga.
Mientras en las empresas se aplican regulaciones de empleo (despidos), disminución de jornadas laborales (bajada de nóminas) o cierres puros y duros, no se tienen noticias de que haya habido recortes de plantilla en ninguna comunidad autónoma, ni que hayan disminuido esas sinecuras que son las asesorías de los altos cargos, mamandurrias a cuenta de los presupuestos, ni que se hayan rebajado los sueldos los administradores. Los administradores que administran mal, cuando no tienen dinero, poseen una fórmula infalible: subir los impuestos. Lo hacían ya los reyes medievales, y lo siguen haciendo los dirigentes democráticos.
«Hacienda somos todos», reza el principio voluntarista de una solidaridad que se predica desde el poder, pero no se practica. Ya sabíamos que una cosa era predicar y, otra, dar trigo, pero esta falta de ejemplo, esta ausencia de coraje para, aunque fuera disimuladamente, practicar la virtud de la austeridad, aunque sólo fuera de cara a la galería, es tan desalentadora que incita lo peor que le puede pasar a una sociedad: mirar a los recaudadores no como el elemento coordinador de los recursos, sino como mensajeros de una administración opresora.
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