Vuelve la picota (Rafael VARGAS)

El espectáculo que transmiten los medios, de dirigentes del PP balear tras tres días de calabozo, sin afeitar, demacrados y encadenados mano derecha con derecha para que no pudieran ocultar las esposas ni zafarse de los fotógrafos, han acabado dándolo más las autoridades implicadas que los maltratados. De que hay perjudicados no queda duda con sólo ver las fotos, pero ¿a quién beneficia? Mi paisano Séneca no hace decir a Medea una pregunta, sino una conclusión: «Cui prodest scelus, is fecit», el que se beneficia del delito, ése es el culpable. Aunque cabe la duda de que a los que pudieran pensarse beneficiarios no se les haya ido la mano y los hechos se vuelvan contra ellos. El caso, que no llegó a ser, del ex presidente Matas, seguido por la fiscalía anticorrupción durante meses para acabar en la negativa del fiscal general al intento de prorrogar la investigación, puede que dejara frustraciones compensadas ahora con el desatino de la humillación pública de los imputados en la mejor tradición de la Picota medieval. Los responsables de la Policía, el Delegado del Gobierno y el comisario de seguridad, son preguntados y se excusan en que ellos dieron orden de que se tratara con dignidad a los detenidos. Mal asunto ordenar a la Policía a quién se debe tratar con dignidad: descubre así la autoridad que considera posible que se haga lo contrario e implica que no merecemos todos el mismo trato. Los policías comprometidos se ven acusados ante las excusas de la superioridad y sus sindicatos SUP y CEP señalan responsables: los «rectores» del operativo y la cúpula policial en Baleares. Deploran que se cumpliesen las 72 horas máximas de calabozo e identifican un responsable: la fiscalía. «Expuestas como animales de un zoológico», dice el SUP de la exhibición de las personas detenidas, por si no son prueba suficiente las filmaciones.
Nuestro presidente Antich, cuando es preguntado, evade responder al tema del maltrato en cuestión y aprovecha para herir al partido de la oposición: los populares «no pueden decir que la justicia es buena cuando los casos son favorables a una formación y mala cuando le son desfavorables». Entre el principio abstracto y su aplicación muestra Antich la confusión fruto de sus intereses políticos personales. Como si pudiera hablar de justicia ante hechos que bien parecen tortura, no muestra Antich la sensibilidad al maltrato de unos conciudadanos que le debería hacer pedir explicaciones de inmediato en su papel de presidente, y deja claro que su criterio está mediado por el partidismo que dice aborrecer. El Estado moderno desarrolló una norma moral en la Ilustración que descansa en la idea de un acuerdo, un contrato social hecho libremente entre los ciudadanos, con propósitos cívicos y como defensa del individuo contra la opresión de los monarcas de siglos anteriores, de un poder arbitrario. Ese contrato basa la autoridad política en el consentimiento de los gobernados, incluidos los presuntos delincuentes. La institución de la tortura tiene consecuencias morales, porque quien la practica invita y queda comprometido a aceptarla. La tortura llama al resentimiento, la amargura, la corrupción, y los que la instituyen obtienen lo que están pidiendo. Y ¿quién se beneficia? Cuando los más obligados a respetar el contrato social lo ignoran, surgen beneficiarios inesperados: mientras delegado del gobierno, comisario, políticos, sindicatos y presidente del Govern se entretenían en excusas, ETA explotaba sus bombas a placer en Palma.