No parece fácil que la petición del PP prospere en el Congreso. Seguramente nadie va a poyar que comparezcan el Fiscal General del Estado y el ministro del Interior para que expliquen el espectáculo de los detenidos por el caso Palma Arena. Tampoco creo que el Consejo del Poder Judicial se interese por el asunto. Pero hay algo que falla en este cruce dialéctico porque los socialistas no contestan a las quejas del PP sino a algo más generalizado como es poner en duda o cuestionar la labor de la policía o la Justicia. Pero es que el sindicato mayoritario de esa misma policía, ha dicho que el paseíllo de los detenidos del PP no tiene precedentes y resulta, a todas luces, una exageración innecesaria.
Una cosa es lo dicho por Cospedal sobre las presuntas escuchas telefónicas, que lógicamente debe denunciar y probar, y otra muy distinta el ya famoso paseíllo. Y del cúmulo de despropósitos en las detenciones de Baleares, nadie del PSOE ni del Gobierno ni del CGPJ ha dicho nada. Nadie ha dicho por qué si los detenidos se habían ofrecido a declarar ante el juez, tuvieron que se detenidos; nadie ha explicado la anómala forma de conducirlos esposados por la mano derecha; nadie ha contado por qué pasaron 72 horas en los calabozos (el tiempo máximo) antes de presentarse ante el juez, prohibiendo incluso que se afeitaran; nadie nos ha contado por qué no abandonaron el furgón policial en el garaje o al menos más cerca de las puertas del juzgado. Y eso, todo eso, es también y forma parte de ese Estado de derecho cuya objetivo es garantizar la dignidad de la persona.
Hubiera escrito lo mismo si Vera o Barrionuevo hubieran sido víctimas de tales atropellos. Todos los chorizos, dicen los críticos a los que criticamos esa falta de respeto a la intimidad, son iguales y no van a tener un trato especial por ser del PP. Y tienen razón; pero es que estos son por ahora presuntos chorizos, personas públicas y por tanto reconocidas y reconocibles y se habían ofrecido a testificar voluntariamente.
Así lo debió entender el delegado del Gobierno en la isla que –según parece– ordenó que se hiciera todo con la mayor discreción posible. Si es verdad que dijo eso, ¿por qué no siguieron esa orden? Algo huele a podrido en toda esta puesta en escena. Luego veremos si son o no culpables y, si lo son, que la ley castigue. Pero mientras, la dignidad de esos señores, como la de cualquier otro, debe ser prioritaria en un Estado de derecho.
Si al final nadie explica el despliegue de las detenciones, el olor a podrido planeará siempre y de nada van a servir respuestas amplias por mucha razón que tengan. Ahora no hablamos ni de escuchas ni de sobornos ni de trajes; hablamos de unos hechos exagerados y sin precedentes sobre los que, por el bien de todos, no se debería pasar página sin más ni más.