Portazo a Batasuna (Antonio CASADO)

Amigos de ETA y enemigos de la democracia. Esa es la foto fija que el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos nos deja del nacionalismo vasco en su versión más radical. O sea, el sector del nacionalismo asociado a una banda terrorista, si no por la pertenencia o la colaboración, en los términos descritos en el Código Penal, sí por la vía del apoyo político a las acciones terroristas de ETA.
A lo largo de los cincuenta folios de la sentencia conocida el martes pasado, en relación con el recurso presentado por Batasuna contra su ilegalización, el Tribunal de Estrasburgo desarrolla una rigurosa secuencia de pronunciamientos respecto a dicho grupo político. Todos ellos acreditan la justa decisión tomada en su día por los poderes públicos del Estado español para poner fuera de la ley al brazo político de ETA con distintos collares: Herri Batasuna, Batasuna y Euskal Herritarrok, concretamente.
El primero de esos pronunciamientos es la constatación de que en España no se ilegalizan las ideas. El segundo, que el Estado tiene derecho a defenderse de quienes aspiran a reventarlo. El tercero, que son evidentes los vínculos entre ETA y Batasuna. Y el cuarto, que dichos vínculos convierten a los instrumentos políticos de la banda terrorista en una amenaza para la democracia.
Si tenemos en cuenta que esta posición del Tribunal coincide con el discurso de los demócratas españoles y desmonta punto por punto el del nacionalismo radical vasco, bien podemos concluir que los encargados de vigilar el cumplimiento de los derechos humanos en territorio europeo han dado un portazo a los amigos de ETA. No colaron sus dos solemnes quejas en forma de recurso contra su ilegalización.
Les quedaba el Tribunal de Estrasburgo, pero sus seis magistrados decidieron ratificarla por unanimidad, respaldando así el derecho del Estado español a la legítima defensa como una «necesidad social imperiosa». Una operación apoyada en la opinión pública, los dos grandes partidos políticos, los tres poderes del Estado y el Tribunal Constitucional.
Gracias a dicha operación legal, que tuvo su continuidad en las sucesivas inhabilitaciones electorales, la representación de los amigos de ETA ha desaparecido del Congreso de los Diputados y del Parlamento vasco. Sólo tienen presencia municipal en unos cuarenta ayuntamientos del País Vasco y Navarra. Y ello, en virtud de garantías aplicadas por los altos tribunales, precisamente en aplicación de derechos fundamentales como el de expresión, participación y asociación, que nunca fueron suprimidos o limitados de forma arbitraria en España. Así se infiere de los 50 folios de la sentencia del Tribunal de Estrasburgo. Amén.