Instituciones morosas (Joan SERRA)

La morosidad de las administraciones públicas está poniendo en dificultades económicas a muchas empresas serias y solventes que tardan meses, o incluso años, en cobrar productos que han suministrado o servicios que han prestado puntualmente. Pero no son las únicas perjudicadas por estos retrasos injustificados: multitud de organizaciones no gubernamentales, asociaciones, entidades de todo tipo y particulares que reciben subvenciones públicas para sus actividades se hallan en la misma situación. E incluso pasan apuros muchas instituciones que se financian con aportaciones de otros organismos que tardan demasiado en transferir sus fondos. Al soportar estas prolongadas demoras y los costes que les originan, muchas empresas y entidades acaban financiando indirectamente a las propias administraciones deudoras, que literalmente hacen pagar a otros su mala gestión, lo cual ya es el colmo de los despropósitos.
Esta sistemática vulneración del deber de puntualidad en el cumplimiento de las obligaciones económicas contraídas no es un fenómeno de ahora, asociado a la crisis que tanto ha mermado los ingresos y la tesorería de las instituciones públicas, sino que es ya una lacra endémica ligada a la burocracia, a unos procedimientos administrativos ineficientes unidos y a una desidia política inaceptable. Un abuso que se perpetra impunemente al abrigo de la prepotencia del poder y que la mayoría de los afectados soporta estoicamente sin hacer valer sus derechos, no sea que reclamar lo que se les debe vaya a abocarles a un pleito que les haga perder más tiempo aún, o a un enfrentamiento que pueda marginarles como proveedores, contratistas o beneficiarios de alguna ayuda.
Las administraciones son inflexibles con los plazos cuando tienen que cobrar pero rara vez se muestran indulgentes ante las dificultades económicas, coyunturales o no, de sus deudores. Nada que objetar, pues recaudar y manejar fondos públicos requiere una ordenación rigurosa que no puede hacerse ´a la carta´. Pero en justa reciprocidad, y por un elemental principio de justicia, tendrían que actuar con idéntico grado de exigencia a la hora de efectuar sus pagos para no caer en la misma morosidad que tanto persiguen y tan contundentemente sancionan, sobre todo cuando sus retrasos causan graves perjuicios a los afectados y ponen en riesgo la propia continuidad de sus actividades. Del mismo modo que en circunstancias de falta de liquidez y cuando existen dificultades de tesorería la gestión económica de los organismos públicos ha de obtener recursos para poder abonar cada fin de mes las nóminas de todo su personal, también debería conseguirlos para atender el pago puntual de todas sus deudas.
Las administraciones públicas no pueden seguir acumulando acreedores y alimentando la perversa espiral de la morosidad, y menos aún en una situación de grave crisis económica como la que atravesamos. El dinero que retienen es el que muchos otros necesitan ahora simplemente para sobrevivir.