La Plataforma Estatal por la Escuela Pública y los sindicatos ANPE, CSIF, FSIE y USO han convocado por separado para este jueves una huelga general en el sector educativo en protesta por los contenidos de la LOMCE, más conocida como la ´Ley Wert´. Pero, ¿qué busca esta convocatoria y cuáles son los puntos conflictivos que desagradan a la comunidad? Las opiniones son diversas en materias como reválidas, currículums educativos y recursos presupuestarios, pero las partes consultadas coinciden en señalar falta de interés por parte del Ministerio en fomentar un panorama de consenso entre todos los agentes.

La filosofía de la LOMCE, que introduce exámenes al término de cada etapa educativa -"lo que no se evalúa, se devalúa", ha dicho Wert-, es contestada por la Plataforma, integrada por la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa); el Sindicato de Estudiantes, CCOO, STES, UGT y CGT, entre otros, considera que forman parte del pasado. "Esas reválidas que quiere introducir la Ley ya se acabaron en 1970 porque ya entonces se dijo que no servían para nada", dice Jesús María Sánchez, presidente de la Ceapa. Sin embargo, FSIE (Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza, del sector de la enseñanza concertada) las cree "necesarias", pero como elementos que permitan "el diagnóstico y mejora de los alumnos, los profesionales y los centros", en palabras de Jesús Pueyo, su secretario general. Adrián Vivas, de CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios), defiende por su parte que se pase de curso con un máximo de dos materias suspensas.

"Se habla de que el modelo educativo crea parados, pero nosotros creemos que es el modelo productivo el que hace que se abandone la educación. El ejemplo está en los chicos que dejaron sus estudios para trabajar en el sector de la construcción. Hace falta preguntarse qué es necesario para motivar a los alumnos", dice el presidente de Ceapa. Similar preocupación comparte Jesús Pueyo, haciendo hincapié en el déficit del sistema de enseñanza en las etapas de Infantil y Primaria. "Son las grandes olvidadas, y es en ellas en las que se debe asentar el éxito del alumno en Secundaria. Compartimos la necesidad de introducir cambios para reducir el alto índice de fracaso y abandono escolar, pero no se ha hecho de la manera adecuada".

El currículum escolar es otro de los elementos que mayor insatisfacción ha despertado. "Los nuevos criterios pueden perjudicar a la escuela pública", dice Daniel Vivas. ""No existe una obligatoriedad para ofertar asignaturas optativas importantes, como Cultura Clásica o Historia de la Filosofía", añade. Desde Ceapa se pone el foco en los aspectos "ideológicos" de la reforma, introducidos para "contentar" a la Iglesia. "Se ofrece una alternativa dura a la Religión con el único objetivo de que ésta se estudie más", dice Jesús Sánchez.

Por último, y no menos importante, los aspectos económicos, en especial en lo que concierne a las becas, es otra de las aristas más polémicas. "La beca debe concederse a partir de haber obtenido la calificación de aprobado, y que después intervengan otros factores para establecer la cuantía; renta familiar, calificaciones, etc. Es fundamental que las becas cumplan una función compensadora. A igualdad de renta y mejor nota, mayor cuantía de la beca", dicen desde CSIF. "Si en un aula hay un alto porcentaje de alumnos de otros países, o con necesidades especiales o discapacidades intelectuales, es más probable que estos chicos se queden atrás", dice Jesús Sánchez. Por último, Jesús Pueyo, de la FSIE, considera que la educación concertada "ha padecido los mismos recortes que la pública, pero partiendo de peores condiciones: financiación deficitaria crónica, menos profesorado, menor salario y mayor jornada laboral".