Desarticulan una red que defraudó cerca de 10 millones de euros

EP La Guardia Civil ha desmantelado en Baleares un entramado empresarial que ha defraudado cerca de 10 millones de euros a la Hacienda Pública, Seguridad Social y proveedores. La operación se ha saldado con la detención de 12 personas por delitos de estafa, falsificación de documento mercantil y defraudación a la Hacienda Pública, entre otros.

La operación, denominada 'Arco', se inició en marzo del año pasado, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de la existencia de un grupo organizado que se estaba dedicando a gestionar diferentes empresas con las que podrían estar cometiendo hechos delictivos de naturaleza económica. Como consecuencia de esto, se practicaron registros en tres empresas y dos domicilios.

En la investigación se constató que los investigados se dedicaban a la compra de sociedades en precaria situación económica o de total insolvencia, colocando al frente de éstas a terceras personas generalmente insolventes, con el fin de dificultar o impedir el cobro de las deudas que pudieran ser reclamadas por los organismos oficiales o por acreedores.

De esta forma, los detenidos llegaron a crear un entramado empresarial de más de 55 sociedades, a través de las que elaboraban y vendían contratos y precontratos de trabajo ficticios a personas, generalmente extranjeras, que los necesitaban para poder regularizar su situación en nuestro país.

ENTRE 200 Y 1.500 EUROS POR DOCUMENTOS FALSOS

La red cobraba a los trabajadores una determinada cantidad de dinero que oscilaba entre los 200 y los 1.500 euros, en función del trámite que precisara realizar la persona extranjera (permiso inicial, renovación, permiso especial por arraigo, etc.).

Otra actividad ilícita realizada a través de estas sociedades consistía en dar de alta de forma masiva en la Seguridad Social a supuestos trabajadores, tanto nacionales como extranjeros, sin ingresar las cuotas en la Tesorería General de la Seguridad Social. De esta forma, los supuestos trabajadores, que pueden ser más de 300, se beneficiaban de las diversas prestaciones y subsidios.

Por estos trámites, la organización recibían de los ficticios trabajadores los importes mensuales correspondientes a las cotizaciones que deberían ser ingresadas en la Seguridad Social, ascendiendo lo defraudado a cerca de 4,5 millones de euros. De igual manera, los detenidos realizaban facturaciones ficticias que generaban obligaciones tributarias, no realizando el pago de las mismas, ascendiendo el fraude por este concepto a más de 4,3 millones de euros.

Otra de las actividades delictivas consistía en la venta de propiedades de las sociedades (vehículos, camiones, material de construcción, etc.), generando un beneficio económico a los detenidos y, evitando de este modo, cualquier posibilidad de embargo.

Igualmente, a través de varias de las sociedades de esta delictiva trama, adquirían diverso material informático o mobiliario, no haciendo frente al pago a los diversos proveedores, revendiendo en ocasiones el material adquirido, cometiendo presuntamente por estos hechos una estafa que asciende a más de 700.000 euros.