La Fiscalía cree que no hubo responsabilidad contable por los gastos de la Medalla para Aznar

MADRID | OTR PRESS De esta manera, el Tribunal de Cuentas da el primer paso para investigar el gasto por la frustrada condecoración del Congreso de Estados Unidos.
Así consta en un auto hecho público ayer mediante el que el Tribunal de Cuentas traslada a su Sección de Enjuiciamiento las diligencias de investigación que abrió en febrero pasado sobre la partida presupuestaria de 2,3 millones de euros que el gobierno de José María Aznar aprobó el 26 de diciembre de 2003 al objeto de suscribir un contrato con la empresa norteamericana Piper Rudnock.
La resolución recoge un informe remitido el pasado 9 de febrero por la Fiscalía en el que se defiende que «sin perjuicio de las posibles irregularidades en la forma de contratación» que se referían los denunciantes, los abogados de José Luis Mazón y Encarnación Martínez y la Asociación Preeminencia del Derecho, «no se daban en los hechos denunciados los requisitos de responsabilidad contable por alcance a persona alguna».
El Ministerio Público también destaca que el acuerdo aprobado por el Consejo de Ministros tenía por objeto «la promoción de relaciones más próximas con Estados Unidos», ya que la firma estadounidense «se comprometía al asesoramiento del Gobierno de España» para «reforzar relaciones con la Casa Blanca, con el Departamento de Estado, con otros departamentos ejecutivos y agencias y con el Congreso de Estados Unidos».
En términos similares se manifestó la Abogacía del Estado, que defendí en un informe fechado el pasado 16 de febrero que, «excluida la responsabilidad penal, cualquier defecto de tramitación que pudiera existir en el expediente es ajeno al ámbito de actuación del Tribunal de Cuentas y no determinaría por si mismo la exigencia de responsabilidad contable si no existe perjuicio a los caudales públicos».
En todo caso, el Departamento Tercero de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, que abrió diligencias por estos hechos el pasado 3 de febrero, trasladó con su auto las actuaciones a su Sección de Enjuiciamiento con el fin de que ésta proponga a la Comisión de Gobierno el nombramiento de un delegado instructor que dirija la investigación.