MADRID | OTR PRESS
La Fiscalía de la Audiencia Nacional se opuso ayer a la imputación del ex ministro de Defensa Federico Trillo en la causa que investiga la contratación del Yak-42, el avión que se estrelló el 26 de mayo de 2003 en Trabzon (Turquía) provocando la muerte de 62 militares españoles, argumentando que supondría «extender responsabilidades como una mancha de aceite sobre toda la Administración militar española», informaron fuentes jurídicas. El presidente de la Asociación de víctimas se mostró en desacuerdo con esta petición, ya que, a su juicio, el ex ministro podría haber evitado la muerte de esas 62 personas.
El teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Fernando Burgos, defendió este planteamiento durante una vista a puerta cerrada celebrada ante la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal en la que los abogados de la Asociación de Familiares del Accidente de Turquía Yak-42 (AFATY) y de otro grupo de víctimas solicitaron la imputación de 15 altos cargos y militares que gestionaron o supervisaron la contratación del avión, entre los que se encuentra Trillo.
Burgos solicitó que se mantenga sin ninguna modificación la imputación de los cinco altos mandos militares que están acusados desde el comienzo de la instrucción, al considerar que no hay nuevos datos ni se han producido hechos diferentes a los ya conocidos que justifiquen ampliar el número de personas contra las que se dirige la acción penal.
Los dos principales imputados en la causa que investiga las posibles negligencias en la contratación del Yak-42 son el ex jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Antonio Moreno Barberá, a quien la Fiscalía atribuye «todas las competencias en cuanto al desarrollo de las misiones internacionales de las Fuerzas Armadas»; y el jefe del Estado Mayor Conjunto (JEMACON), general de División Juan Luis Ibarreta, al que considera «responsable de la contratación».