El Supremo confirma las condenas del Yak-42

EP El Tribunal Supremo ha confirmado en su integridad la sentencia dictada por la Audiencia Nacional contra el general de División retirado Vicente Carlos Navarro y dos de sus subordinados por su responsabilidad en el accidente del Yak-42, en el que fallecieron 62 militares el 26 de mayo de 2003 en Trabzon (Turquía).

En la Sala, que se reunió hoy a puerta cerrada, para deliberar sobre este asunto, se han desestimado todos los recursos de casación presentados tanto por los familiares de las víctimas como por los condenados. La sentencia se hará pública en los próximos días.

Los magistrados que firman la sentencia son Juan Saavedra, Andrés Martínez Arrieta (que actuará de ponente), Julián Sánchez Melgar, José Ramón Berdugo, y Andrés Ibáñez.

El 19 de mayo de 2009, la Audiencia nacional condenó al general Navarro a una pena de tres años de prisión por un delito de falsedad en documento oficial y al pago de una multa de 1.800 euros. Además le impuso el pago de una indemnización de 10.000 euros para cada una de las familias en concepto de responsabilidad civil.

El general de División del Cuerpo Militar de Sanidad Vicente Carlos Navarro se encuentra en la reserva desde junio de 2004 y fue el oficial médico de más alto rango que formó parte de la comisión técnica que envió el Ministerio de Defensa a Turquía para realizar las identificaciones de los fallecidos y que erró en 30 de las 62 identidades.

La Audiencia impuso también al general de Sanidad Militar una sanción de inhabilitación durante dos años. Los dos oficiales médicos que trabajaron en la comisión como subordinados de Navarro, José Ramírez y Miguel Sáez, fueron condenados como cómplices a una pena de un año y medio de cárcel cada uno y sancionados con un año de inhabilitación. Además, deberán abonar una multa de 900 euros cada uno.

Los dos especialistas médicos fueron condenados por la Audiencia como responsables civiles subsidiarios, por lo que, en caso de que Navarro no abone la indemnización, ellos deberán afrontar ese pago. En última instancia, corresponderá al Estado pagar esa cantidad, si los tres condenados no pudieran abonar la indemnización.

El juicio contó con la declaración de una veintena de testigos. Durante las sesiones, Navarro admitió que pudieron "bailarle" nombres y números en la relación de cadáveres que elaboró tras la catástrofe, aunque atribuyó los posibles "errores" a las autoridades turcas. Ramírez y Sáez, por su parte, se limitaron a señalar que siguieron las órdenes de su superior y que nunca dudaron del procedimiento que estaban llevando a cabo.