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MADRID | OTR PRESS
Los querellantes en la causa que se tramita contra el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, por las cantidades que pudo cobrar de unos cursos celebrados en la Universidad de Nueva York, que fueron patrocinados por el Banco Santander, solicitaron al Tribunal Supremo que cite como testigo al ex director del citado centro, James D. Fernández, al dudar de la veracidad de un documento aportado por la defensa que certifica que el magistrado ni solicitó ni recibió financiación de la entidad para organizar estas jornadas.
En un escrito remitido ayer a la Sala Segunda del Supremo, los abogados Antonio Panea y José Luis Mazón señalaron que el contenido del citado certificado, que lleva la firma de Fernández y de la actual directora del centro, Jo Labanyi, no se corresponde con la realidad porque su contenido contradice el de otros documentos que ya obran en la causa, aportados por el propio Banco Santander.
«La documentación aportada por el Banco Santander en las presentes diligencias pone de relieve que los 100.000 dólares de los 302.000 de que se compusieron los dos patrocinios fueron desviados desde el Banco Santander hacia la Universidad de Nueva York, evitando su ingreso en las cuentas del Centro Juan Carlos I de España –que era el que organizó directamente los cursos–», según señaló el escrito.
Se aludió igualmente a otro documento en el que el responsable del banco de EEUU, Gonzalo de las Heras, dio cuenta el presidente de la entidad de una comida con Garzón celebrada el 21 de abril de 2005 y se señaló: «Nos habló de sus contactos con las autoridades antiterroristas americanas y de los programas que desde la cátedra King Juan Carlos I of Spain quiso organizar. (...) Hoy me envía la propuesta que te adjunto, y que me parece importante aunque ambiciosa».
«Esta documentación aportada en las actuaciones pone inequívocamente de relieve que la información proporcionada por el certificado aportado por el querellado es falsa, ya que no es la Universidad o centro Rey Juan Carlos I quien pide, sino el querellado –valiéndose, claro está, de su cargo como reza al pie de firma (Garzón firmaba como magistrado-juez) y de la problemática condición por entonces del presidente del Santander, imputado en varios procesos penales ante la propia Audiencia Nacional (...)–», añadieron los letrados.
También dijeron que otros documentos indicaron que los gastos de viaje se desembolsaron directamente a proveedores de servicio «con arreglo a las facturas presentadas por el juez», y que el Centro Juan Carlos sufragó asimismo «la educación de la hija del juez, escolarizada en la Escuela Internacional de las Naciones Unidas durante el curso escolar 2005-2006».
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