MADRID | EFE
El pleno del Congreso de los Diputados rechazó ayer con los votos del PSOE, PP y CiU, las enmiendas de totalidad del PNV, ERC–IU–ICV y el BNG a la reforma del Código Penal, que endurece las penas para corruptos, terroristas y pederastas, y que inicia así su tramitación parlamentaria.
El apoyo que PP y CiU dieron ayer al texto no garantiza, sin embargo, la aprobación final del proyecto que, al tratarse de una ley orgánica necesita mayoría absoluta para salir adelante, y tanto los populares como los nacionalistas catalanes recordaron al Gobierno alguna de sus condiciones durante el debate.
Así, el portavoz de Justicia del PP, Federico Trillo, puso sobre la mesa su propuesta de introducir la cadena perpetua revisable para delitos graves, como atentados terroristas con víctimas mortales o asesinatos en los que medie agresión sexual.
Se trata, según Trillo, de que «el que la haga la pague» y que los terroristas, pederastas y violadores que causen muertes sepan que «van a tener que arrepentirse cada día de su vida en la cárcel».
El diputado del PP negó que esta pena sea incompatible con la Constitución, como mantiene el Gobierno, y considera que además es una demanda de la sociedad.
Por su parte, Convergencia i Unió reclama al Ejecutivo que durante el trámite de la reforma en comisión se endurezca el castigo para quienes cometan pequeños delitos –como hurtos– de forma reiterada, con penas de cárcel de 15 días hasta tres meses.
El diputado de CiU Jordi Jané destacó que sólo en Barcelona los datos reflejan que se registran 80.000 hurtos al año –diez cada hora– y que, aunque se mantienen abiertos al diálogo, su apoyo a la reforma está condicionado a que esas faltas sean consideradas como delito.
Los grupos que pedían la devolución del proyecto, en cambio, coinciden en que es innecesario el endurecimiento de las penas que se contempla y critican que el Gobierno legisle de forma «compulsiva» y a golpe de impacto mediático.
Así lo destacaron el portavoz del PNV, Emilio Olabarria; el de ERC, Joan Ridao, y los diputados de IU, Gaspar Llamazares, y del BNG, Francisco Jorquera, que creen que se consolida una preocupante tendencia al endurecimiento punitivo cuando el Código Penal español ya es uno de los más duros de la Unión Europea.