Un error humano provocó el accidente del Yak-42

EP Un error humano fue la causa del accidente del Yak-42 en el que murieron 62 militares españoles, en Turquía en 2003, según la sentencia hecha pública hoy por el juzgado de instrucción número 2 de Zaragoza, que ha establecido asimismo 6.125.000 euros de indemnización para las familias.

Estas son dos de los aspectos más destacables de la sentencia, según han coincidido en resaltar fuentes de los abogados que defendieron en esta causa a la familias de las víctimas, que consideran positivo el falló al ratificar la condena a las empresas que organizaron el vuelo, la contratista Chapman Freeborn y la compañía aérea Ukranian Mediterranean Airlines (UM Air).

El error humano lo fundamenta la sentencia en "una maniobra desastrosa" del aparato y lo identifica así porque no se han podido conocer otras circunstancias de la operación, ya que las cajas negras del avión no funcionaron y no ha permitido "saber más", ha dicho Eudald Vendrell, uno de los letrados de las familias.

Según este abogado, el fallo reconoce que es "absolutamente inconcebible e inexplicable" la forma en que se hizo la maniobra de aproximación al aeropuerto de Trebisonda, que califica de "temeraria", y descarta la incidencia, en la misma, de otros agentes, meteorológicos o de los controladores turcos.

Para este letrado, la sentencia es positiva porque declara la responsabilidad subsidiaria de Chapman y UN Air, las empresas que organizaron el viaje, ya que legalmente el avión no podía volar y actuaron con una negligencia grave.

"Jurídicamente, el conjunto de la sentencia es bueno", ha reiterado el abogado, quien ha reconocido, no obstante, que las indemnizaciones fijadas "están muy lejos" de los 63 millones que pidieron en el juicio, que se celebró el pasado mes de febrero en el juzgado de instrucción número dos de Zaragoza.

En la sentencia, de casi cien folios, el juzgado de instrucción establece que el vuelo era de carácter civil y no militar, como planteaban las empresas para eludir responsabilidades, un hecho que para los letrados también es relevante, ya que les imputa toda la responsabilidad.

Javier Hernández, otro de los abogados de las víctimas que participó en el juicio, ha dicho que las indemnizaciones no son las que habían solicitado y que presumiblemente estudiarán si recurren el fallo.

Para este letrado, que junto a otros representó a los familiares en el juicio, la indemnización es "muy limitada" porque "no se ha tenido en cuenta el daño excesivo causado".

Se da la circunstancia de que en el primer juicio civil sobre este caso, que se anuló por un defecto de forma, las empresas fueron condenadas a casi diez millones de euros de indemnizaciones.

Hernández ha indicado que, tras echar un primer vistazo a la sentencia, que se ha hecho pública hoy, la leerá con tranquilidad y hablará con las familias para ver que paso se da, porque el fallo permite presentar un recurso de apelación.

José Antonio García, hermano del capitán Santiago García, uno de los militares fallecidos, se ha mostrado igualmente contento con la sentencia, porque ha condenado a las empresas que organizaron el vuelo y se vuelve a dar la razón a los familiares por segunda vez.

García ha señalado que la valoración jurídica es positiva porque "por segunda vez, se ha ganado el juicio".

Aunque todavía no ha tenido acceso a la sentencia, cree que las compensaciones económicas que se establecen para los familiares, un total de 6.125.000 euros, son similares a la primera.

La sentencia establece indemnizaciones de 60.000 euros para cada viudo o viuda o pareja de hecho, 31.000 por cada hijo, 9.000 para los padres de las víctimas y 3.000 para cada hermano.

El segundo juicio civil por el accidente del Yak-42, que ocurrió el 26 de mayo de 2003, se celebró entre los días 1 y 4 de febrero en el juzgado de instrucción número dos de Zaragoza, en un ambiente de cierta tensión al considerar las familias "una tomadura de pelo" que, por segunda vez, no asistieran los representantes de Chapman.

Este era el segundo juicio civil sobre esta causa, ya que el primero, que se celebró en enero de 2006, fue anulado por la Audiencia Provincial de Zaragoza por un defecto de forma en la convocatoria de los representantes de Chapman Freeborn, que no asistieron a la primera vista ni tampoco a la segunda.