Familiares califican de ´inmoral´ la ausencia de Chapman

AGENCIAS El representante de la contratista Chapman Freeborn, Russi Batliwala, ha vuelto a no presentarse en el juicio civil por el accidente del Yak-42 en Turquía, en el que fallecieron 62 militares españoles, una actitud que los familiares de las víctimas y sus abogados han calificado de "inmoral" e "inaceptable".

El segundo juicio civil por el accidente ha comenzado este lunes en los Juzgados de la Plaza del Pilar de Zaragoza y la expectación de esta primera sesión, que ha durado menos de una hora, estaba centraba en la declaración de Russi Batliwala, pero no se ha presentado por causas que su abogado, Luis Alberto García, ha dicho desconocer.

A pesar de la ausencia de representantes de la contratista del avión siniestrado, no hay ninguna posibilidad de que el juicio se declare nulo, como ya ocurrió con el anterior proceso, ya que estaban citados correctamente y no se ha alegado ninguna causa por dicha ausencia, ha explicado a los medios al terminar la sesión uno de los letrados de las familias, Eudald Vendrell.

"Moralmente es inaceptable que esta persona que obligó a repetir el juicio porque dijo que no fue citado haya despreciado a la justicia y a las familias y no se haya dignado a venir a dar una explicación, la que sea", ha dicho Vendrell, quien ha recalcado que "no presentarse es gravísimo".

"Un sinvergüenza declarado"

Uno de los familiares, Paco Cardona, se ha mostrado indignado y ha dicho que el representante de la empresa es "un sinvergüenza declarado", "un sinvergüenza total" y un "impresentable" que, "por segunda vez, le toma el pelo a la Justicia española". "No podemos esperar nada bueno", ha apuntado.

"¿Por qué no se presenta?, ¿A qué tiene miedo?", se ha preguntado Cardona, quien perdió a un hijo en el accidente, al tiempo que ha lamentado que tomen el pelo a las víctimas, que "desgraciadamente no pueden defenderse".

El primer juicio civil contra la compañía aérea Ukranian Mediteranean Airlines (UM Air), su reaseguradora también ucraniana Busin Joint-Stock Insurance y la contratista alemana Chapman Freeborn se celebró en enero de 2006 y fue anulado por un defecto de forma, al considerar la Audiencia Provincial de Zaragoza que Chapman no había sido emplazada correctamente.

Lo ocurrido este lunes, según el presidente de la Asociación de Familiares de Víctimas del Yak-42, Miguel Ángel Sencianes, responde a una estrategia "de dilatación y de obstrucción a la Justicia" por parte de la empresa, y ha lamentado el poco respeto y sensibilidad mostrado hacia las víctimas y sus familias.

Declaración de testigos

En la sesión de ese lunes han declarado los militares Sergio Manzanos y Fermín Pérez, quienes han asegurado a preguntas de los letrados que viajaron en el vuelo de ida a Afganistán, que no recibieron billetes ni les consta que se entregaran a ningún otro miembro del contingente.

El letrado Javier Hernández ha explicado que la importancia de que haya billetes o no radica en que "limita la responsabilidad", ya que el Convenio de Varsovia dice que "si no se han entregado billetes o no se ha advertido de las limitaciones se puede indemnizar por unas cantidades u otras".

Ha dicho que Um Air presentó unos billetes, pero "tienen fechas falsas y nombres que no se corresponden con los pasajeros", es decir, que son "documentos traídos al procedimiento". Además, "si hubieran existido se hubieran quemado con el avión", ha agregado.

Otra de las cuestiones que ha resaltado Hernández es que se trata de un vuelo civil, como ya dijo el auto de la Audiencia Provincial de Zaragoza al respecto, algo a su juicio "evidente" porque transportaba militares pero "la misión empezaba en Afganistán, no en España" y además "todos los vuelos militares están mandados por un militar y en este caso era el piloto el que tomaba las decisiones".

El juicio continuará este martes, 2 de febrero, con los testimonios de otros militares y los representantes de las empresas implicadas, de los trece que en total prestarán declaración hasta el día 4.

En el primer proceso, el juez Ángel Dolado consideró culpables a las empresas y estableció una indemnización de unos diez millones de euros, muy lejos de los más de 60 millones que pidieron las familias y que han vuelto a solicitar.