La defensa de Otegi estudia denunciar la falta de «imparcialidad»

MADRID | EFE La defensa del ex portavoz de Batasuna Arnaldo Otegi, Jone Goirizelaia, está estudiando denunciar a la presidenta del tribunal de la Audiencia Nacional que ha juzgado a su cliente por un delito de enaltecimiento del terrorismo, la juez Ángela Murillo, por una posible «falta de imparcialidad».
Así lo anunció la letrada en la última sesión de la vista en la que se ha enjuiciado a Otegi por participar en un homenaje al preso etarra José María Sagarduy en 2005, después de que el primer día de juicio la magistrada preguntara al ex portavoz de Batasuna si condenaba o no «rotundamente» la violencia de ETA, éste se negara a contestar y ella apostillara diciendo: «ya lo sabía».
Por esa pregunta, pero sobre todo por la «coletilla», según Goirizelaia, las defensas están planteándose, de cara al recurso de casación, denunciar vulneración de un juicio con todas las garantías.
A su juicio, el hecho de que se pregunte a alguien, que ha manifestado su intención de responder sólo a su letrada –tal y como hicieron Otegi y la ex presa etarra Itziar Galardi, acusada también en el juicio–, «denota, en estrictos términos de defensa, una cierta falta de imparcialidad».
Goirizelaia, que al igual que su cliente insinuó que el tribunal va a condenarlo, se cuestionó si de haber respondido a la pregunta de Murillo y haber condenado la violencia de ETA, «la sala hubiera dictado una sentencia condenatoria».
Recalcó que tanto Otegi como Galardi –a la que la magistrada formuló la misma cuestión y actuó igual que el ex portavoz de Batasuna– se acogieron a su derecho a no contestar, y subrayó que dicha pregunta, «sin relación directa con los hechos», no puede ser la que determine una condena o una absolución.
«Entendemos que no puede ser así porque si lo fuera, la falta de imparcialidad sería clara y manifiesta», dijo la letrada, que añadió que el tribunal tendrá que condenar o no con los hechos y con la prueba que se ha practicado en el juicio y «no en función» de lo que Otegi conteste a preguntas que «son objeto de un debate político propiciado para que se hagan las cosas de una determinada forma».
La fiscal pidió 18 meses de prisión y 14 de inhabilitación absoluta para Otegi y para Galardi, mientras que las acusaciones pidieron penas de entre cuatro años y medio y cinco de cárcel.