Los casos de corrupción pasan factura a los políticos catalanes

BARCELONA | EFE Los diversos casos de corrupción han pasado factura en la confianza de los catalanes hacia los políticos, pues la insatisfacción con la política ha crecido 22 puntos y se sitúa como segunda preocupación, sólo precedida por el paro, mientras que la inmigración baja hasta el cuarto lugar.
Así lo indica la última encuesta del Centro de Estudios de Opinión (CEO) de la Generalitat, elaborada con 1.400 entrevistas telefónicas a catalanes mayores de 18 años realizadas entre el 5 y el 22 de diciembre, con un margen de error del 2,67% y cuyo trabajo de campo ha sido realizado por la empresa DYM.
El paro y la precariedad laboral sigue siendo el principal problema para los catalanes, pasando del 55,4% en 2008 al 64% en 2009.
Pero el cambio más notable es que la insatisfacción con la política y los políticos escala nueve posiciones y ya es el segundo problema, una opinión en la que han influido escándalos de corrupción como los casos Pretoria, Gürtel y Millet, según el director del CEO, Gabriel Colomé.
Colomé recordó que el CIS ya situó este asunto como la tercera preocupación de los españoles.
La mayoría de los catalanes (35%) achaca principalmente el problema de la desafección al gobierno autonómico, mientras que el 23% culpa al Gobierno central.
En el caso de la inmigración, el efecto es inverso pues pasa de ser el problema número tres (28,7%) en 2008 a quedar en el cuarto lugar en 2009 con el 23,9%.
Este sondeo, no obstante, todavía no se había realizado cuando estalló la polémica sobre el Ayuntamiento de Vic (Barcelona), que quiso poner trabas al empadronamiento de los inmigrantes irregulares sin visado, algo que finalmente ha sido corregido desde el Gobierno central.
El funcionamiento de la economía es el tercer problema de los catalanes para el 28,5% de la población, mientras que también da un salto hacia arriba en el ranking las relaciones Cataluña-España.
Esta cuestión pasa de ser el noveno problema (8,9%) en 2008 al quinto lugar (23%) en 2009, en un momento en el que se ha avivado la tensión política a raíz de la esperada sentencia del Tribunal Constitucional sobre el nuevo Estatuto catalán.