Vic aprueba el veto a los inmigrantes irregulares pero pospone un mes la medida

El alcalde de Vic, Josep Maria Vila d´Abadal (CiU), afirmó que la «primera obligación» de una persona es estar legalmente en el país, y consideró que es de un «cinismo terrible» inscribir a personas que no tienen ni permiso de trabajo. El concejal del PSC en el Consistorio, Josep Burgaya, aseguró que los nuevos criterios cumplen de forma «estricta» con la normativa estatal, y expresó su confianza en los servicios jurídicos del Ayuntamiento que los avalan. El edil socialista consideró que pedir el visado para empadronarse es «de sentido común».

El alcalde de Vic, Josep Maria Vila d´Abadal (CiU), anunció ayer que el ayuntamiento pedirá otro informe externo para decidir si aplica la nueva normativa sobre empadronamiento de inmigrantes en situación ilegal, que apoyan CiU, PSC y ERC y que se volverá a debatir en el pleno del 4 de febrero.
Los grupos de CiU, PSC y ERC, que integran el equipo de gobierno del ayuntamiento de Vic, expresaron ayer su apoyo a esta nueva normativa, avalada por los servicios jurídicos del Ayuntamiento.
A pesar de ello, el alcalde manifestó que pedirán un nuevo informe externo y que si se demuestra la ilegalidad de la medida, retirarán la propuesta.
El Ayuntamiento de Vic ha celebró ayer un pleno ordinario, en el que en principio no se iba a debatir esta polémica medida, pero finalmente se acabó discutiendo en el turno de ruegos y preguntas, donde los grupos del equipo de gobierno (CiU, PSC y ERC) mostraron su conformidad, al igual que la ultraderechista Plataforma per Catalunya, en la oposición, y la CUP e ICV se manifestaron en contra.
El grupo de ICV había presentado una moción para «garantizar el derecho al empadronamiento y la convivencia en Vic» que debía debatirse en el pleno de ayer, sin embargo decidió retirar temporalmente la moción después de que el alcalde aceptara debatirla en el próximo pleno, previsto para el mes de febrero.
Vila d´Abadal manifestó que la nueva normativa pretende poner orden, avanzar en la integración de la inmigración y poner a las personas inmigradas dentro de la comunidad.
El alcalde destacó que la voluntad del equipo de gobierno es que «la inmigración no sea una cosa negativa sino positiva» para el municipio y reiteró que «los inmigrantes ilegales no pueden trabajar y por eso no los podemos empadronar».
«Mi obligación y la de cualquier persona con responsabilidades públicas es hacer cumplir la ley», agregó el alcalde, que añadió que esta medida «se limita única y exclusivamente a eso».
El concejal de ERC Joan López remarcó que su formación apoya la medida porque responde a una de la «exigencias históricas de Vic sobre la población inmigrante».
El edil del PSC Josep Burgaya aseguró que el objetivo final de la medida es «facilitar la plena integración de la inmigración y evitar los empadronamientos fraudulentos».
Burgaya defendió la validez jurídica del informe sobre la nueva normativa elaborado por los servicios jurídicos municipales, pero dijo que «si un informe de otra administración demuestra la ilegalidad de la normativa, nosotros nos opondremos a su aplicación».
Plataforma per Catalunya apoya esta medida, pero la considera insuficiente, tal y como destacó su concejal Josep Anglada, que consideró que los inmigrantes ilegales «no aportan nada bueno al país y sólo aportan gasto social, delincuencia y economía sumergida».
El grupo municipal de la CUP considera que la medida «es poco ética, insolidaria, electoralista y afecta al 2% de la población», y considera que no «solucionará el problema de la inmigración», mientras que ICV pidió su retirada.
El ayuntamiento de Vic está gobernado por CiU (8), PSC (4) y ERC con 2 ediles, frente a la oposición de La Plataforma per Catalunya (4), la CUP (2) e ICV (1 edil).
Tras el pleno celebrado en Vic, la responsable de inmigración del PSC, Consol Prados, anunció ayer que el partido trabajará con sus concejales en el Ayuntamiento de Vic, a los que no piensa expedientar, y los servicios de asesoría para encontrar una solución dentro del Pacto Nacional por la Inmigración y acorde con la ley.
La diputada del PSC en el Parlamento catalán aseguró que los socialistas catalanes «entienden» que muchos entes municipales necesitan «herramientas y recursos» para hacer frente a la llegada masiva de inmigrantes y es por ello que existen «políticas en marcha».