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PARÍS | EFE
La Fiscalía de París pidió ayer el procesamiento y encarcelamiento de los presuntos etarras Iñaki Iribarren y Eider Uruburu, detenidos el pasado sábado en Francia por diversos cargos, incluido el de asociación de malhechores.
Fuentes judiciales dijeron que la Fiscalía ha pedido que se les inculpe además por otros delitos, como el de «posesión de armas, uso de matrículas falsas de automóvil o posesión de documentación falsa».
Por todos esos cargos, ordenó la apertura de una «instrucción judicial», añadieron las fuentes.
La petición del ministerio público es el paso previo antes de que los dos detenidos comparezcan ante la juez antiterrorista Laurence Le Vert quien, eventualmente, deberá confirmar las inculpaciones.
Posteriormente, será un juez de las libertades y de la detención el que debe pronunciarse sobre su ingreso en prisión, algo que ocurrirá en las próximas horas.
Iñaki Iribarren y Eider Uruburi fueron detenidos el sábado en la pequeña localidad de Chadrat, a una decena de kilómetros al sur de Clermont-Ferrand, en el centro de Francia.
En el momento de su detención iban a retirar dinero a un zulo de la banda terrorista.
Por su parte, el abogado de los dos presuntos etarras detenidos en Portugal alegará «motivos políticos» y causas penales abiertas a sus defendidos en este país para evitar su entrega a España, que está dispuesta a recurrir ante el Tribunal Supremo luso.
El letrado, José Galamba, logró ayer que el Tribunal de Relación de Lisboa, que examina la orden europea de detención emitida por la Audiencia Nacional española, dé a los dos supuestos miembros de ETA un plazo de veinte días para presentar sus escritos de defensa.
Los magistrados del tribunal Trigo Mesquita, que lleva el caso del presunto miembro de ETA Garikoitz García Arrieta, y Joao Carrola, que examina el de su compañera Iratxe Yáñez Ortiz de Barrón, accedieron a la petición de ambos de contar con ese periodo de tiempo para preparar sus argumentos.
En declaraciones a los periodistas, Galamba explicó a las puertas del juzgado que los argumentos políticos en los que pretende basarse son la posición de sus clientes a favor de la independencia del País Vasco y las «sospechas de malos tratos» en España a los acusados de vinculación con ETA.
Galamba informó además de que presentó una denuncia contra las autoridades policiales portuguesas por maltrato a García Arrieta.
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