MADRID | EFE
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón decretó libertad bajo fianza de un millón de euros a los ex altos cargos de la Generalitat en la etapa de CiU, Macià Alavedra y Lluis Prenafeta, imputados en la llamada operación Pretoria contra la corrupción urbanística en varias localidades de Barcelona.
Fuentes jurídicas informaron de que el magistrado ha fijado además para ambos la obligación de comparecer cada quince días en el Juzgado y la prohibición de abandonar el territorio nacional, y explicaron que Garzón ha modificado la situación de prisión provisional de ambos imputados al estimar que ya no existe riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas.
En el auto en el que ordenó su ingreso en prisión el pasado 30 de octubre, el juez afirmaba que Prenafeta habría percibido al menos 637.590 euros de las operaciones Niesma y Badalona, mientras que Alavedra habría conseguido por intermediar en esos proyectos la misma cantidad, que habría blanqueado fuera de España para luego volverla a introducir en el país.
Sólo entre mayo y junio de este año, Alavedra podía haber blanqueado 300.000 euros, según el auto, que añadía que los dos ex altos cargos usaban sus contactos con organismos oficiales para facilitar los proyectos empresariales de otro de los imputados, el empresario Lluis Casamitjana, del que recibían comisiones a través de la promotora Espais que luego blanqueaban.
Con la puesta en libertad de Alavedra y Prenafeta, a los que Garzón acusa de delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales y tráfico de influencias, sólo permanecen en prisión incondicional el ex alcalde de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) Bartomeu Muñoz y el ex diputado autonómico del PSC y presunto cerebro de la trama Luis García.
El pasado día 2, el magistrado ya había acordado la puesta en libertad, bajo fianza de 200.000 euros, del ex concejal de Urbanismo de Santa Coloma, Manuel Dobarco.
Otras cuatro personas imputadas en la primera fase de la operación, los empresarios Lluis Casamitjana, Josep Singla y Manuel Carrillo y el gerente de los servicios municipales de Santa Coloma, Pasqual Vela, habían quedado en libertad bajo fianza tras comparecer ante Garzón el pasado 30 de octubre.
CiU celebra la decisión del juez. Nacional
