De la Vega pide aparcar ´el alarmismo´ por el ´Estatut´

EFE La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, quiso este viernes poner calma en la polémica sembrada ante la inminente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatut de Cataluña. Así, abogó por "aparcar ese cierto alarmismo que parece que se está transmitiendo" en torno a la sentencia y dijo no tener "ninguna duda" de que la decisión del tribunal será "razonada y razonable".

Los responsables de los principales grupos políticos catalanes, entre los que se encuentran Carod- Rovira (vicepresidente del Govern), Mas (CiU) y Duran (portavoz de CiU en el Congreso y líder de UCD), valoraron el editorial conjunto como "oportuno y necesario" y reclamaron "su dignidad como pueblo".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, de la Vega precisó que su petición de "calma y sosiego" no pretendía responder en concreto al editorial publicado por la prensa catalana sino al "debate general" de las últimas semanas ante la posibilidad de una sentencia que obligue a recortar el autogobierno consagrado en el Estatuto catalán.

Sobre el editorial, la vicepresidenta reiteró que el Gobierno "respeta las posiciones legítimas" de medios de comunicación y partidos políticos, tanto esta defensa del Estatut como "las reacciones en sentido contrario", porque todo ello es "el reflejo del pluralismo y la libertad" consagrados en la Constitución española.

La portavoz del Ejecutivo insistió en pedir "tranquilidad" hasta que se dicte la sentencia y avisó de que un debate meramente especulativo no contribuye ni a la legitimidad del propio Estatut ni a la del Tribunal Constitucional cuando, en su opinión, ambos son plenamente legítimos.

Por eso, llamó a esperar a que se produzca la sentencia y, en ese momento, "acatarla y valorarla con libertad de criterio" y desde la razón y evitar debates que no ayudan al "sosiego necesario" y "no conducen a nada" aunque sean "muy respetables y muy legítimos".

Por su parte, el presidente del PP, Mariano Rajoy, en referencia a los últimos editoriales y opiniones publicados sobre el 'Estatut', volvió sobre las palabras con las que habitualmente se ha referido al asunto: "Todos estamos bajo el imperio de la ley y por encima de la ley no hay nada", apuntó.

Sobre las decisiones tomadas en este asunto por los responsables políticos, consideró que un gobernante, antes de tomar una decisión, debe valorar las consecuencias de la situación que toma. Además, señaló que no debe fomentar divisiones ni generar falsas expectativas.

"Un clamor absoluto"

Mientras tanto, el vicepresidente del 'Govern' de Cataluña, Josep Lluis Carod- Rovira, celebró el editorial conjunto publicado por los 12 diarios catalanes en defensa del 'Estatut', algo que vio como un "clamor absoluto" de la sociedad pidiendo a España que escuche.

Aseguró que el texto no sólo es el reflejo de una opinión ampliamente compartida, sino que, además, ha conseguido unos defectos que recuerdan la sensación de "orgullo nacional" existente cuando el Parlament aprobó el Estatut el 30 de septiembre de 2008.

El portavoz de CiU en el Congreso y líder de UCD, Josep Antoni Duran, también valoró el editorial, que consideró "oportuno" y "necesario". "Es una voz potente de la sociedad civil y, además, expresada de manera unitaria. Es dura en el fondo, pero respetuosa y, guste o no, dice lo que hace falta decir", dijo en su carta web.

El presidente de CiU, Artur Mas, también se pronunció sobre el tema. Aseguró que "no toda España es una caverna", calificó de previsibles las reacciones y criticó que todavía haya quien quiera una España "uniforme y homogeneizada, el estilo de una y grande".

"Fuenteovejuna"

Por último, Cayo Lara, coordinador general de Izquierda Unida, aseguró que "los catalanes están en su derecho de defender su Estatuto de Autonomía, pero dentro del Estado de Derecho y democrático que tenemos en España".

Para Cayo Lara, el editorial supone que la prensa catalana "toma partido en una especie de 'Fuenteovejuna, todos a una'" y recordó que el Estatuto de Cataluña "está aprobado por el Gobierno, por el Parlamento catalán, refrendado por una parte de la sociedad catalana y con avales del Consejo de Estado".