MADRID | OTR PRESS
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha elevado en ocho años su petición de pena de prisión para los once acusados de formar una célula islamista que pretendía atentar contra el metro de Barcelona al imputarles también un delito de conspiración para la comisión de un delito de estragos, con lo que las condenas solicitadas por el Ministerio Público van desde los 17 a los 26 años de cárcel.
El fiscal Vicente González Mota mantiene que el dispositivo policial establecido en torno a la célula se activó tras la llamada «dramática y urgente» del testigo protegido identificado como F1 que alertaba de una «acción inminente». No obstante, no se acusa a los procesados de un delito de tentativa de atentado, ya que no se les encontró material explosivo suficiente para cometer la acción terrorista que, según el Ministerio Fiscal, pretendían llevar a cabo en el sistema de transporte público de la Ciudad Condal.
De esta manera, a los once procesados —Mahroof Ahmed Mirza, Mohammed Ayud Elahi Bibi, Ahmed Hafeez, Qadeer Malik, Sahib Iqbal, Mohammed Tarik, Roshan Jamal Khan, Mehmooh Khalid, Inram Cheema, Mohamed Shoaib y Aqeel Uhr Rehman Abassi— se les acusa de un delito de conspiración para la comisión de un delito de estragos y de otro de tenencia de material explosivo. Además, Mahroof y Elahi Bibi se enfrentan a un delito de pertenencia a organización terrorista en grado de dirigente y el resto, en calidad de miembro. El fiscal ha retirado la acusación de falsificación de documento oficial a Qadeer Malk. Según el Ministerio Público, los procesados -diez paquistaníes y un indio -respondían a las órdenes del líder talibán Baitullah Mehsud, miembro de la red Tehrik -e- Taliban Pakistan. Por su parte, la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT), que ejerce la acción popular en la causa, solicita 315 años de prisión para cada uno de los procesados, a quienes acusa del delito de atentado en grado de tentativa o de conspiración para la comisión de un atentado.
Material insuficiente
Según el juez Moreno, que se encargó de la instrucción, los presuntos terroristas pretendían cometer su acción entre los días 18 y 20 de este mismo mes. El magistrado defendió en un auto que la célula había adquirido capacidad para realizar un atentado, si bien «el material explosivo incautado no tenía suficiente capacidad destructiva para causar estragos».
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