Quiere el PP, tal y como explicó Rajoy, «fortalecer» la figura y función de los secretarios, interventores y tesoreros municipales y reforzar su facultad para formular reparos de ilegalidad. Asimismo, desea que se aprueben códigos de buen gobierno en todas las administraciones y organismos y empresas dependientes; y que se configure el «ayuntamiento en red» a fin de que en las páginas web de los municipios se publiquen todas las resoluciones en un ejercicio de máxima transparencia. Propone, además, que se homogeneicen las normas urbanísticas y que se establezcan plazos reglados para la tramitación de los expedientes. También quiere que se adopten medidas para evitar el fraccionamiento y la concentración de contratos mediante el «abuso» de los contratos menores, y que se prohíba la concurrencia de empresas del mismo grupo. Garantizar el cumplimiento de los principios de mérito y capacidad en los procesos de selección, e impedir que los ex concejales de los ayuntamientos puedan contratar con estas administraciones hasta pasados dos años de sus cese.
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