Los fiscales quieren que el juez Pedraz identifique a los «comisionistas» y a los bufetes de abogados que negociaron la liberación del atunero a cambio de un supuesto pago de 2,3 millones de euros
Se trata de la primera iniciativa parlamentaria tras la liberación del pesquero y en ella se reclamaba también el embarque de militares en los atuneros
La sentencia se hace pública en plena polémica sobre su legalidad, cuestionada en las últimas semanas por el PP, algunos de cuyos dirigentes han llegado a calificarlo de «inconstitucional e ilegal»
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