MADRID | OTR PRESS
El PSPV ha presentado ante la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) una querella por financiación irregular, cohecho, malversación, falsedad, prevaricación, alteración contable y delito fiscal contra 17 personas, entre ellas, el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, el vicepresidente primero y conseller de Industria, Vicente Rambla, el ex secretario general del PPCV Ricardo Costa y los considerados principales responsables de la trama Gürtel en Madrid, Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez ´El Bigotes´. El portavoz del grupo parlamentario socialista en las Corts Valencianes, Ángel Luna, ha asegurado que las investigaciones derivadas de esta actuación permitirán probar la «vinculación estrecha» de la dirección del PPCV y de los máximos responsables del Consell con su presidente, Francisco Camps, «a la cabeza» con una «gigantesca trama de corrupción» de carácter «internacional».
En la querella se ha incluido asimismo a diversos empresarios de la construcción como Enrique Gimeno, presidente de Facsa; Enrique Tomás Ortiz, administrador único de Enrique Ortiz e hijos Contratista de Obras SA; Antonio Pons, presidente del grupo Piaf; Vicente Cotino, administrador de Sedesa, y Luis Batalla, administrador de Lubasa.
La lista se completa con el vicesecretario de Organización del PPCV, David Serra; la tesorera del PPCV, Yolanda García; la directora general de Promoción Institucional de la Generalitat, Dora Ibars; el ex director de RTVV, Pedro García; el miembro del Consejo de Administración de Orange Market, Cándido Herrero; y el apoderado de Special Events, José Luis Izquierdo.
Así lo señaló ayer en rueda de prensa el portavoz del grupo parlamentario socialista en las Corts Valencianes, Ángel Luna, quien consideró que las investigaciones derivadas de esta actuación permitirán probar la «vinculación estrecha» de la dirección del PPCV y de los máximos responsables del Consell con su presidente, Francisco Camps, «a la cabeza» con una «gigantesca trama de corrupción», de carácter «internacional». Luna no consideró descabellado que las futuras investigaciones saquen a la luz nuevos «actos delictivos».
Preguntado por la opinión de la dirección nacional del PSOE acerca de esta acción —que anunció el pasado 20 de octubre el secretario general del PSPV, Jorge Alarte, en un encuentro con periodistas en Madrid—, Luna aseguró que no ha presentado «ninguna reticencia» aunque ha puntualizado que ha sido la dirección de los socialistas valencianos quien ha adoptado la «decisión oportuna».
Brigada de blanqueo de capitales
El portavoz socialista añadió que se han celebrado diversas reuniones entre abogados de la Comunitat y de Madrid «y cuando se juntan cuatro juristas en una mesa, dado que no es una ciencia exacta, aparecen matices de todo tipo, pero luego a quien le corresponde tomar la decisión la toma».
El ´síndic´ socialista explicó que la querella —que se presenta «después de que se hayan rechazado en sede parlamentaria más de 450 preguntas sobre contrataciones con las empresas implicadas»— se fundamenta en dos informes policiales de la Brigada de Blanqueo de Capitales, el primero de ellos del pasado 31 de julio y un segundo referente a la visita del Papa a Valencia en 2006 con motivo del Encuentro de las Familias, así como información obtenida en registros en sedes de Orange Market y «pisos francos» de la trama, conversaciones telefónicas y correos electrónicos autorizados judicialmente y declaraciones de algunos de los implicados.
Luna recalcó además que estos datos reflejan que se estableció «un sistema de financiación para los servicios que Orange Market realizaba para el PPCV a partir de una doble facturación que ha permitido que la mayor parte de su actividad propagandística permaneciera al margen de la legalidad».
