MADRID | OTR PRESS
Las asociaciones de jueces y fiscales han puesto límites a las declaraciones que miembros del PP han vertido sobre el sistema Sitel. Así, explicaron que la intervención de las comunicaciones siempre se hace previa autorización judicial, aplicando los magistrados «un grandioso sentido de la proporción y mesura» en estos casos «concretísimo». Es más, instaron a quien sospeche que se está cometiendo un delito a presentar una denuncia ante los tribunales porque de lo contrario se está «deslegitimando gratuitamente» el Estado de derecho.
Antonio García, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), quien recordó que ele secreto de las comunicaciones está garantizado constitucionalmente y sólo puede ser «restringido, limitado o afectado» con la preceptiva autorización judicial. «Un Estado de derecho no es una Estado policial», insistió.
No obstante, precisó que no conoce la utilización exacta del actual sistema de grabación de comunicaciones Sitel, sí explicó que la Ley de Enjuiciamiento Criminal sólo establece una serie de salvedades como en casos de terrorismo. «Todo lo que no sea eso es moverse extrarradio de las reglas de un Estado de Derecho y contravenir gravísimamente las garantías constitucionales, lo que puede suponer en último término la comisión de un delito», añadió. Respecto a esto, defendió que los jueces «no manosean» derechos fundamentales sino que los limitan aplicando siempre «un grandioso sentido de la proporción y la mesura». «No se restringen por cualquiera ni de cualquier manera sino con causa plenamente justificadas y con una delicadeza y sentido de la proporción verdaderamente extraordinario», destacó.
Por su parte, Marcelino Sexmero, portavoz de la asociación Francisco de Vitoria, también ha explicado que en algunas situaciones de urgencia como las desprendidas en una investigación sobre presunto terrorismo la Policía puede intervenir una comunicación y «en 24 horas» dar aviso a la Audiencia Nacional para que «lo revoque o ratifique la autorización». De todos modos, retó a quien «tenga pruebas de que el Gobierno está realizando escuchas ilegales, las muestre».
