MADRID | EFE
El responsable de Comunicación del PP, Esteban González Pons, acusó ayer al ministro Alfredo Pérez Rubalcaba de ser el responsable de que la española sea «una sociedad vigilada», ya que Interior emplea un sistema de interceptación de comunicaciones que cuestiona el derecho a la intimidad.
González Pons, en una conferencia de prensa celebrada en la sede nacional del PP, adelantó que la intención del grupo popular de registrar en el Congreso una proposición no de ley al respecto con el fin de garantizar la privacidad de las conversaciones telefónicas de los ciudadanos, y de paso, reforzar las garantías de los derechos civiles, consagrados en la Constitución.
Para conseguir el mayor respaldo posible de los demás grupos parlamentarios, el vicesecretario de Comunicación del PP desvinculó su denuncia del caso Gürtel.
«Esto no tiene nada que ver –con el citado caso, cuyo nombre ha evitado pronunciar–», afirmó antes de recordar: «En los últimos tiempos hemos podido ver cómo funcionan algunas instituciones, pero lo que denunciamos hoy tiene una importancia que sobrepasa con mucho cualquier avatar que atraviese ahora el Partido Popular».
La denuncia la ha basado González Pons en el mecanismo del sistema de interceptación de comunicaciones, Sitel, que emplea el Ministerio de Interior para efectuar diversas investigaciones.
Tal y como explicaó el dirigente del PP, el mencionado sistema desvía una comunicación telefónica a un centro de almacenaje de datos que en verdad «no existe», ya que no tiene dirección ni se conoce quien lo dirige.
Sin embargo, ese centro «inexistente» registra «el cien por cien» de las llamadas y el resto de la información asociada, es decir, datos personales del emisor y del receptor con los que «perfectamente» es posible trazar «un perfil biográfico o psicológico», en palabras de Pons.
Al centro accede un «agente facultado» que selecciona la información pertinente para la investigación y acto seguido la acumula en un dvd.
Aquí aparecen algunas irregularidades, a juicio del dirigente del PP, toda vez que «no hay ninguna autoridad que certifique la autenticidad de lo grabado», por lo que el dvd «puede ser manipulado».
Además, como quiera que el disco contiene parte de la información registrada, el resto de la que se ha interceptado y no se incluye en el disco pasa a almacenarse, sin encriptar, en el centro referido, y «nadie la custodia», ha dicho Pons.
El proceso acaba con la llegada del dvd a la autoridad judicial, pero en este punto también surgen irregularidades, pues el juez conoce la información seleccionada, no el resto, sobre la que no hace nada porque desconoce el sistema Sitel. Sólo una minoría de magistrados lo conoce, según puntualizó Pons.
Sitel es, para el responsable de Comunicación del PP, «inconstitucional e ilegal» porque vulnera la Carta Magna y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en este último caso en lo que se refiere a la limitación del secreto de comunicaciones cuando lo autoriza el juez.
González Pons denunció que tal sistema «está en manos de Interior» y no de la autoridad judicial.
