MADRID | EFE
La organización Amnistía Internacional (AI) denunció ayer el actual sistema de investigación de denuncias de tortura y malos tratos por parte de las Fuerzas de Seguridad en España, casos que en su mayoría no llegan a ser juzgados o se resuelven con la absolución de los agentes acusados.
«La investigación y sanción de la tortura policial sigue siendo un agujero negro que cae en la impunidad», ha afirmado el director de AI España, Esteban Beltrán, con motivo de la presentación del informe «España: sal en la herida», que recoge el estado de once procedimientos por denuncias de este tipo sobre los que la organización informó por primera vez en 2007.
De los once casos, sólo dos han concluido con una resolución condenatoria, mientras que seis fueron sobreseídos sin que llegase a celebrarse un juicio, dos continúan en fase de investigación y en el último, aunque se determinó que se había cometido tortura, los imputados fueron absueltos.
Para el director de Amnistía Internacional, «esta impunidad de facto se basa en deficiencias estructurales», que ha resumido en cuatro factores: la «falta de voluntad política de perseguir a los torturadores», que los mismos Cuerpos que cometen el delito sean los que lo persiguen, la falta de colaboración de las Fuerzas de Seguridad para identificar a los agentes y las frecuentes «contradenuncias».
