MADRID | EFE
El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha asegurado que su departamento continuará la investigación interna para determinar si la actuación de la Guardia Civil fue correcta en el caso de la clínica Isadora y que se depurarán las oportunas responsabilidades administrativas. Así lo aseguró ayer el ministro en declaraciones a la Ser, preguntado por una información de El País que asegura que un juez de Madrid ha archivado el caso contra la clínica por considerar que no hay indicios de que practicara abortos fuera de la legalidad y que la Guardia Civil manipuló la realidad «de modo, cuando menos, oblicuo y torticero». Rubalcaba ha recordado que cuando, en su momento, se conocieron las actuaciones de la Guardia Civil en relación con la clínica Isadora, el Ministerio del Interior abrió una información reservada, que dejó en suspenso hasta que hubiera un auto judicial definitivo, que en este caso ha sido de archivo.
La vía judicial ha terminado, ha agregado Pérez Rubalcaba, por lo que ahora corresponde «continuar la información reservada y depurar las oportunas responsabilidades administrativas, que es exactamente lo que vamos a hacer». En abril de 2008, Interior abrió una investigación interna para determinar cómo había sido la actuación de la Guardia Civil en el caso. Según informó entonces también El País, la Guardia Civil desobedeció la orden de un juez de Madrid de cerrar las pesquisas y siguió adelante con su investigación.
Como la Inquisición
El Seprona «y algunos individuos de la Guardia Civil nos han tratado como la Inquisición en las causas generales», señaló Empar Pineda, portavoz de la Clínica Isadora, tras el auto judicial que archiva el caso contra el centro, al no haber indicios de que se practicaran abortos ilegales. «Estamos dando saltos de alegría porque se ha hecho justicia -explica la portavoz-; no tenían con qué culparnos pero utilizaron el auto de un juez que sí vio indicios de delito para actuar como la Inquisición trataba las causas generales». Afirma que la denuncia del Seprona y la Guardia Civil era por el tamaño de los fetos y la gestión de residuos. «No había causa, pero se violentó a las mujeres que habían abortado en las clínicas, acudiendo a sus casas a pesar de que en algunos casos su familia no lo sabía. Se envía a la Guardia Civil y se dice que algunas están imputadas y otras como testigos», cuenta Empar Pineda.
