MADRID | EFE
El Gobierno, de boca del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, advirtió ayer de que las Fuerzas de Seguridad del Estado frustrarán de forma «sistemática» cualquier intento de la izquierda abertzale radical de regresar a las instituciones vascas mientras no renuncie a la violencia.
Un día después de la operación policial en la que fue detenido el germen de la nueva dirección de Batasuna, Rubalcaba dejó claro que en España nadie puede hacer «política y violencia al mismo tiempo» por lo que emplazó a la izquierda abertzale a escoger «entre política o violencia».
Ocho de los diez arrestados el martes por la Policía Nacional han sido ya trasladados a la Comisaría General de Información en Madrid, donde fueron interrogados antes de pasar a disposición del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, con bastante probabilidad el próximo viernes.
Fuentes de la lucha antiterrorista explicaron que la reconstituida dirección de Batasuna actuaba «a las órdenes de ETA» y había mantenido múltiples reuniones en los últimos seis meses para tratar de articular una nueva opción política que permitiera el regreso de ETA a las instituciones del País Vasco y Navarra.
La sede del sindicato LAB de San Sebastián, en la que fueron arrestados la mayoría de los dirigentes de la nueva cúpula, entre ellos Arnaldo Otegi y el anterior líder del sindicato Rafael Díez Usabiaga, se había convertido en el punto de encuentro de la nueva cúpula, y estaba siendo objeto de una fuerte vigilancia por parte de los servicios de información. Se trata de la primera vez en la que es arrestado el ex secretario general de LAB, un sindicato vinculado al independentismo vasco que, sin embargo, siempre había conseguido mantenerse al margen de los sucesivos procesos de ilegalización de formaciones como la propia Batasuna, ANV o PCTV.
Apoyos y reticencias
El propio sindicato pidió la puesta en libertad de todos los detenidos en una operación que ha calificado de «ataque» y «salto represivo» para «neutralizar» el cambio de «ciclo político» que demanda la izquierda abertzale.
Preguntado por el futuro de LAB, Pérez Rubalcaba consideró que todavía es pronto para sacar «conclusiones» sobre el papel del sindicato en el nuevo entramado político de ETA, y tampoco quiso adelantar si la detención de Díez Usabiaga puede acarrear acciones judiciales futuras contra la central sindical abertzale.
En clave política, la operación policial contó con el apoyo sin fisuras del PP y las reticencias de partidos nacionalistas como ERC que pronostica que el final de ETA será «más largo», o Aralar que ha apostado por una respuesta «unitaria» en la «calle» en protesta por estas detenciones. El coordinador general de Aralar, Patxi Zabaleta, afirmó que su hija Miren, arrestada ayer junto al resto de dirigentes de la nueva Batasuna, «tiene sus propias convicciones políticas» que él respeta, al tiempo que mostró su «solidaridad» con todos los detenidos. Por su parte, el presidente del PNV, Iñigo Urkullu, se preguntó ayer por la oportunidad de la operación policial contra Batasuna y confió en que se hayan respetado todas las garantías procesales.
En respuesta a algunas de estas criticas, Alfredo Pérez Rubalcaba negó de forma tajante que se haya tratado de una operación «preventiva» en contra del independentismo vasco y recordó que en España «no se persiguen ideas». El titular de Interior explicó que las detenciones practicadas el martes no fueron improvisadas, ya que son fruto de al menos seis meses de investigaciones policiales en los que se han acumulado «muchas evidencias».
En esta misma línea, el consejero de Interior del Gobierno Vasco, Rodolfo Ares, indicó que «todo apunta» a que Arnaldo Otegi, junto al resto de detenidos por orden de la Audiencia Nacional, trataban de reconstituir la dirección de Batasuna. «Cuando la Audiencia Nacional ha tomado la decisión de detener a esas personas, es porque hay indicios suficientes de que estaban cometiendo un acto ilegal», subrayó.
