IBIZA | J. LL. FERRER
Tanto el aparejador municipal de Sant Joan como el alcalde de este municipio, Antoni Marí, y el conseller balear de Vivienda, Jaume Carbonero, afirmaron ayer por la noche que nunca han mantenido contacto alguno con el cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, ni con ningún intermediario suyo. Además, el alcalde de Sant Joan aclaró que no fue el Consell, sino él mismo quien paralizó la citada obra de Punta Grossa, al exceder los trabajos el permiso de reforma que tenían autorizado.
La conselleria de Vivienda y Obras Públicas del Govern emitió una breve nota en la que afirma que Carbonero «no ha tenido ninguna relación telefónica ni personal con las personas que se mencionan» en la investigación judicial. Además, «en el sumario queda de manifiesto que en ningún momento existió contacto ni identificación de las citadas llamadas». Y, además, «el número de teléfono que aparece en el sumario no corresponde ni ha sido nunca del conseller de Vivienda y Obras Públicas», hecho éste que causó especial sorpresa en la conselleria, donde aseguraron desconocer a quién pertenece el número al que Correa envió los mensajes.
El alcalde, Antoni Marí, dijo que sólo vio una vez, en un restaurante de sa Cala a Francisco Correa, pero dijo que no ha hablado con él. En cuanto a la obra, «comprobamos que hicieron más de lo legalmente autorizado y, ni cortos ni perezosos, la paralizamos». Afirmó que este caso ha sido tratado «exactamente igual» que cualquier otro caso de infracción urbanística.
Por su parte, el aparejador de Sant Joan afirmó a este periódico que jamás recibió insinuación alguna de soborno, «ni la hubiera consentido». De hecho, el técnico recordó que la obra continúa paralizada y el expediente de infracción urbanística sigue tramitándose en el Ayuntamiento.