MADRID | OTR PRESS
En el auto, el juez dispone que se entregue a los interesados, a las partes personadas y a sus representantes legítimos una copia en DVD de toda la documentación relativa al expediente tramitado por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, sin perjuicio del levantamiento parcial en fases sucesivas del secreto concerniente al resto del sumario.
El juez motiva en la resolución las prórrogas llevadas a cabo del secreto sumarial desde que tomó el relevo de la causa de Garzón frente a las críticas del PP. Así, recalca que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional permite al juez acordar las sucesivas prórrogas «para hacer efectiva plenamente la protección del valor constitucional que justifica el secreto sumarial».
Respecto a las actuaciones que mantiene ocultas, argumenta que se dan «los requisitos jurisprudenciales» para evitar «la ocultación de pruebas, de documentación relacionada con las actuaciones, de contactos con terceros posiblemente implicados en la trama investigada y otras semejantes». Según el juez, el alzamiento total del secreto en este momento procesal «puede dar ocasión a interferencias o manipulación dirigidas a obstaculizar la investigación en su objetivo de averiguación de la verdad de los hechos, poniendo en peligro la protección del valor constitucional de la Justicia».
El magistrado explica que dentro de estas actuaciones figuran las diligencias relativas a las numerosas comisiones rogatorias dictadas, «existiendo una estrecha relación entre las mismas y el resto de las diligencias de prueba». Por tanto, la decisión del juez no alcanza el contenido de las comisiones rogatorias dictadas a diferentes países, entre ellos Suiza, Mónaco, Reino Unido, Estados Unidos y Panamá. Estas comisiones estaban encaminadas a averiguar la situación y el destino del dinero supuestamente desviado por la red Gürtel a paraísos fiscales. El juez arguye que entre «la documentación intervenida existen documentos que aportan datos relativos a personas físicas ajenas a la presente causa».
En total hay 71 imputados, entre ellos Rosalia Iglesias Villar, la mujer de Bárcenas y los principales cabecillas de la trama, como Correa, Pablo Crespo, Antoine Sánchez y Álvaro Pérez Alonso, responsable de Orange Market. También figuran en la lista los ex concejales del PP de Majadahonda José Luis Peñas y Juan José Moreno, quienes iniciaron el procedimiento con la interposición de una denuncia.