La Comunidad de Madrid piensa que esta reforma afectará también a los propios extranjeros que quieran venir a vivir a España y a los empresarios españoles. «El inmigrante tendrá que pensar de antemano a qué comunidad quiere venir a trabajar en España, mientras que el empresario que le contrata tendrá que resolver una maraña de trámites y dificultades», añadió. Finalmente, el recurso presentado por el gobierno de Aguirre incide en el hecho de que el Ejecutivo central ha reformado mediante Real Decreto el Reglamento de la Ley de Extranjería sin haber modificado antes la propia ley. Y según los populares, éste es «un paso muy grave porque vulnera los principios constitucionales de legalidad y jerarquía normativa».