Aguirre recurre el decreto que permite a Cataluña dar trabajo a inmigrantes

MADRID | OTR PRESS El Gobierno de la Comunidad de Madrid presentó ayer ante el Tribunal Supremo un recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto que permite a las comunidades autónomas convencer permisos de trabajos a extranjeros al considerarlo «inconstitucional», que vulnera la jerarquía legislativa y perjudica la «eficacia de la Administración». Tras conocer la presentación de este recurso, el Gobierno central contestó que el Decreto denunciado «respeta el reparto competencial» establecido en la Constitución.
La Reforma del Reglamento de la Ley de Extranjería —acordado por el Gobierno en julio pasado— permite que las Comunidades autónomas que recojan la mencionada reforma en sus Estatutos —como se produce en los casos de Cataluña y Andalucía—, puedan conceder permisos iniciales de trabajo para los extranjeros.
Y parece que esta medida no ha gustado al gobierno de Esperanza Aguirre, presidenta de la región madrileña, especialmente las disposiciones que se refieren a atribuciones autonómicas. Así, el consejero de Inmigración y Cooperación de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, señaló que el reglamento vulnera la distribución constitucional de las competencias. Y es que el Gobierno madrileño considera que las competencias en materia de permisos de trabajo deben continuar en el ámbito estatal, tal y como lo recoge el artículo 149.1 de la Constitución española. «La Constitución Española lo deja clarísimo que la competencia sobre extranjeros y flujos migratorios corresponde al Estado. A pesar de ello, los Estatutos de autonomía aprobados hace dos años por Cataluña o Andalucía incluyen esta competencia», aclaró Lasquetty.
En este sentido, recordó que el Partido Popular recurrió en su día la integridad del nuevo Estatuto catalán y que está pendiente de la resolución del Tribunal Constitucional sobre su constitucionalidad. Por ello, el consejero cree que con este Real Decreto el Gobierno central ha querido «adelantarse» a esta resolución judicial por motivos políticos y de «situación parlamentaria», tanto en el Congreso como en el Parlamento de Cataluña.
Ante esta situación, el Ejecutivo de Aguirre considera que el Gobierno nacional «ha quebrantado el procedimiento que establece el cambio normativo, con el fin de poder traspasar unas competencias a algunas comunidades autónomas que, en este caso, supone la ruptura de la unidad política establecida para regular los flujos migratorios, con los que el Gobierno regional madrileño está de acuerdo».
Pero no sólo eso. Según Lasquetty, este traspaso competencial, también supondría un «caos burocrático» y un «desequilibrio» entre las regiones, entre las que tendrían competencias en permisos de trabajo y las que no. Por ello, creyó que este procedimiento no es «propio de una política seria en un tema tan importante como la inmigración». Asimismo, añadió que igualmente, las consecuencias de las decisiones que tome una sola comunidad, con sus criterios propios, afectaría a corto plazo al resto de las autonomías.