El PSOE saca adelante la tramitación de la nueva ley de extranjería

MADRID | EFE
El Pleno del Congreso rechazó ayer las enmiendas a la totalidad planteadas a la nueva ley de extranjería, pese a las críticas generalizadas de los grupos, que, no obstante, han recogido la mano tendida del Gobierno para mejorar el proyecto.
Durante el debate del Pleno, que echó atrás las enmiendas a la totalidad del PP, PNV y ERC-IU-ICV por 183 en contra, 154 a favor y dos abstenciones, el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, defendió la necesidad de consensuar la nueva reforma de la ley de extranjería y de aparcar las diferencias partidistas. Todos los grupos del arco parlamentario recogieron el guante, aunque advirtieron a Corbacho de que habrá que mejorar mucho el texto original del Gobierno y habrá enmiendas en prácticamente todos los preceptos.
Tras calificar la política migratoria de «asunto de Estado», el ministro de Trabajo e Inmigración ha pedido el apoyo de los grupos para aprobar una reforma que, ha dicho, consolida la inmigración legal y ordenada y la adapta a las necesidades del mercado de trabajo.
En posteriores declaraciones a la prensa, Corbacho rechazó la afirmación de algún grupo y de distintas organizaciones sociales respecto a que los inmigrantes sin papeles no podrían empadronarse en caso de carecer de papeles y, consecuentemente, se les cerrarían las puertas a la sanidad y a la educación. Durante su intervención en el hemiciclo, a cuya tribuna de invitados acudieron organizaciones sociales y la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, el ministro recordó los ejes de la cuarta reforma de extranjería que se lleva a cabo desde 2000 y acusó al PP de haber declinado la moderación en favor de intereses partidistas.
Añadió que la iniciativa legislativa se justifica porque en España hay una nueva realidad migratoria -de 800.000 extranjeros en 1999 se ha pasado a 4,5 millones en marzo de 2009- y es necesario «pasar de una ley de extranjería a una ley de inmigración». A juicio del PP, en boca de su portavoz Rafael Hernando, la política migratoria del Ejecutivo ha pasado del «papeles para todos a problemas para todos» y sus regularizaciones «masivas» tampoco han servido, dado que el actual número de irregulares ronda «el millón, según un sindicato».
Hernando acusó a Corbacho de mentir, porque, pese a la crisis y a sus «declaraciones demagógicas de que España no necesita más extranjeros, en el segundo trimestre de 2009 unas 130.000 personas han obtenido el permiso de trabajo y residencia».