MADRID | OTR PRESS
El dictamen sobre el texto, que no es vinculante, fue elaborado por la Sección Tercera del Consejo de Estado, presidida desde el mes de mayo por Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, ex diputado de UCD y Alianza Popular y ponente de la Constitución Española. Este texto fue respaldado por la Comisión Permanente del Consejo de Estado, compuesta por otros siete consejeros, el secretario General y el presidente del Consejo, Francisco Rubio Llorente.
El informe resultante, que no tiene carácter preceptivo, fue requerido tras la ausencia de dictamen del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que por primera vez en sus casi 30 años de historia no informará una ley propuesta por el Gobierno porque el pleno de la institución no logró consensuar una postura sobre el texto.
Un informe «oportuno»
El anteproyecto también encontró trabas en la Fiscalía General del Estado, cuyos vocales decidieron remitir al Gobierno dos informes, uno votado por mayoría y contrario a la Ley y otro, con los votos particulares, entre otros, del Fiscal General, Cándido Conde-Pumpido, que sí es favorable a la iniciativa del Ejecutivo.
Fuentes del Ministerio de Igualdad explicaron que «aunque el informe no es preceptivo» se consideró «oportuno» por la trascendencia de la reforma solicitar la opinión al Consejo de Estado, entre cuyas competencias está la de «ser oído en cualquier asunto en que, sin ser obligatoria la consulta, el Presidente del Gobierno o cualquier Ministro lo estime conveniente».
Tras la votación del informe en la Comisión Permanente, si ésta lo decidiera, el dictamen podría ser enviado al Pleno del Consejo de Estado, compuesto por los consejeros de la Comisión Permanente, los Consejeros natos (ex presidentes del Gobierno, responsables de las Reales Academias, el Banco de España o el Ejército, entre otros) y los consejeros electivos, entre los que se encuentran el ex presidente del Tribunal Constitucional Pedro Cruz Villalón o la ex ministra popular Isabel Tocino, entre otros.
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