Libertad bajo fianza para las dos ex parlamentarias PCTV

EFE El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha dejado hoy en libertad bajo fianza de 60.000 euros a las dos ex parlamentarias vascas del PCTV/EHAK Karmele Berasategi y Nekane Erauskin, por un delito de integración en ETA, y les da un plazo de cinco días para abonar dicha cantidad.

El magistrado ha adoptado esta decisión en un auto en el que subraya que no procede decretar la prisión provisional -solicitada por la Fiscalía y la asociación Dignidad y Justicia- contra Erauskin porque tiene a su cargo a dos personas en situación médica delicada, ni contra Berasategi porque está jubilada y "sin aparente actividad actual relacionada con los hechos"
Asimismo, el juez no aprecia "riesgo inminente" de que las dos ex diputadas vascas puedan huir de la justicia ya que siempre que se las ha citado judicialmente han comparecido voluntariamente, y añade que la actividad que dio base a los hechos que se les imputan quedó interrumpida en julio de 2009.

Respecto a la cuantificación de la fianza (60.000 euros para cada una), Garzón precisa que se ha acordado en función de la responsabilidad que ostentaban las procesadas en el PCTV, que fue ilegalizado en septiembre de 2008, y de la disposición de fondos del grupo parlamentario, utilizados "en beneficio del complejo terrorista ETA".

De no hacer efectivas dichas cantidades, se procederá al ingreso en prisión provisional incondicional y comunicada de Erauskin y Berasategi.

El magistrado ha adoptado esta decisión tras celebrar una vistilla de las previstas en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) en la que los fiscales Vicente González Mota y Dolores Delgado han solicitado el ingreso en prisión de las dos ex diputadas.

Antes de la celebración de esta vistilla, Garzón las ha tomado declaración indagatoria para comunicarles su procesamiento, decretado por el juez el pasado 17 de julio junto al del presidente de PCTV Juan Carlos Ramos y a sus dos tesoreros Jesús María Aguirre y Sonia Jacinto, para los que la Fiscalía no ha solicitado ninguna medida cautelar.

Estos tres dirigentes también se encuentran en libertad provisional, aunque Aguirre y Jacinto bajo una fianza de 50.000 euros que les fue impuesta tras ser detenidos en febrero de 2008 junto a miembros de la Mesa Nacional de Batasuna.

Según el auto de procesamiento, emitido por Garzón el pasado 17 de julio, el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV), fue "fagocitado" por Batasuna y utilizado en función del interés de ETA.

De esta forma, los responsables de la ilegalizada Batasuna, "consiguieron, fundamentalmente a través de PCTV, disponer de 837.000 euros, con los que contribuyeron al sostenimiento del entramado político de la organización terrorista, gracias a la presencia en las instituciones democráticas".

De toda esta situación era consciente, según Garzón, el presidente del PCTV, quien "conocía y asumía" la subordinación del grupo parlamentario "Ezker Abertzalea" a las directrices impartidas desde Batasuna y la contratación de sus dirigentes como empleados del partido.

También era conocedor del "vaciado de cuentas corrientes" de la formación y de su grupo parlamentario "a través de transferencias bancarias en beneficio de los responsables de Batasuna" y de la "integración de los recursos económicos" con los de Acción Nacionalista Vasca (ANV) y Batasuna, en una especie de "caja única".

Otra prueba que esgrime el juez para acordar el procesamiento de estos cinco dirigentes de PCTV son las reuniones que mantuvieron con "personas vinculadas a Batasuna" y concretamente con miembros de su Mesa Nacional.

En dos reuniones de la Mesa Nacional, celebradas en junio y septiembre de 2007 en Salvatierra (Álava), fue detectada la presencia de la parlamentaria Erauskin, desde cuya cuenta bancaria, según el juez, se realizaron dos trasferencias con destino al entramado etarra por 27.000 euros cada una.

La condición de aforadas de Erauskin y Berasategi hizo que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco se hiciera cargo de esta causa hasta que ambas perdieron su aforamiento tras las elecciones del pasado 1 de marzo, momento en el que Garzón volvió a ser el competente para instruir estos hechos.