Estabilidad parlamentaria, empleo, ETA y gripe A, retos para el nuevo curso

EFE El fallo del TC sobre la constitucionalidad del Estatuto catalán será además el principal reto que afronte el Estado autonómico en los próximos meses, ya que podrá incidir en los apoyos políticos del Ejecutivo para los Presupuestos Generales, para otras leyes importantes y para el día a día de la actividad parlamentaria.

El PNV parece no estar tan alejado como en meses anteriores de los socialistas, que tratarán de evitar la imagen de soledad parlamentaria del último periodo de sesiones y, para ello, habrán de sortear las discrepancias que provocan en otros grupos el nuevo sistema de financiación autonómica y la orientación de la política económica.

Contener el desempleo y sentar las bases para la recuperación son los desafíos económicos fundamentales a partir de septiembre, mes en el que la patronal está dispuesta a reanudar el dialogo social siempre que incluya una reforma del mercado de trabajo, mientras el Gobierno y los sindicatos insisten en pedir al empresariado que rectifique y abandone su posición maximalista.

En todo caso, el Ejecutivo habrá de poner encima de la mesa en las próximas semanas la modificación anunciada de su ya célebre prestación de 420 euros para parados que se hayan quedado sin cobertura y deberá aclarar si pretende subir los impuestos a las rentas altas, una posibilidad que le enfrentaría a CiU en el debate presupuestario.

Tanto esta eventual subida de impuestos como la reforma de la financiación autonómica se encontrarán con el rechazo del PP, que tratará de forjar alianzas parlamentarias con CiU y PNV mientras afronta desafíos como definir una estrategia para mantener viva su denuncia sobre supuestas escuchas ilegales a dirigentes del partido y decidir si apoya o no la acción del Gobierno frente a la gripe A.

En la lucha contra esta pandemia, Sanidad tendrá que vérselas con el previsible repunte de contagios durante los meses fríos, que puede agravar el colapso de las urgencias, y deberá lograr la cohesión entre las comunidades y lidiar con las críticas de la oposición que ya salpican la gestión del problema.

Otro asunto no menos espinoso será la reforma de la Ley del Aborto, después de que el Poder Judicial haya decidido no emitir un informe sobre el anteproyecto que permite a las chicas abortar sin el consentimiento paterno a partir de los dieciséis años.

Al Congreso llegará asimismo en breve la ley de los gobiernos locales, que determinará sus competencias municipales, y 2010 será al año de la negociación del nuevo sistema de financiación local con la FEMP, que entrará en vigor al siguiente año.

Además, tanto PSOE como PP empezarán a preparar las elecciones catalanas, previstas para el otoño de 2010, y calentarán motores para las autonómicas y municipales de 2011 con la designación de candidatos y estrategias, al menos en las principales ciudades, como Madrid en el caso de los socialistas.

La prioridad de Interior seguirá siendo la lucha contra ETA, tras un verano en que la banda terrorista ha asesinado a dos guardias civiles en Mallorca y perpetrado un gran atentado con explosivos en Burgos, pero en el que ha sufrido un duro golpe con la detención de los responsables de abastecer a los comandos y el desmantelamiento de su red de zulos en Francia.

En el ámbito de la Justicia, se avecina un otoño caliente, ya que las asociaciones de jueces y magistrados siguen dispuestas a ir a la huelga el próximo 8 de octubre -sería la segunda de este colectivo en toda su historia, después de la del pasado 18 de febrero- si el ministerio no atiende sus reivindicaciones.

Mientras tanto, el ministro Francisco Caamaño intentará sacar adelante una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para reforzar el papel de los fiscales como investigadores, que precisa del improbable apoyo de un PP que se ha pasado el verano acusando al Ministerio Público de ser la punta de lanza de una supuesta campaña de acoso del Ejecutivo contra la oposición.

En materia educativa, el principal desafío del Gobierno es lograr el pacto con grupos parlamentarios, comunidades, sindicatos y padres de alumnos que promueve el ministro Ángel Gabilondo con el fin de reducir el fracaso y abandono escolar, extender la educación infantil de cero a tres años, modernizar tecnológicamente la enseñanza, aumentar las becas y avanzar en el proceso de Bolonia.

Aprobar la planificación energética hasta 2030, culminar la gestión integral del agua, reducir el déficit hídrico en las cuencas mediterráneas y conseguir un pacto en la cumbre del clima de diciembre en Copenhague figuran igualmente entre los retos del Ejecutivo, que acelerará los preparativos para asumir la Presidencia de la UE el próximo 1 de enero.

La política exterior española estará marcada además por la reunión el próximo mes de la Asamblea General de la ONU y por la cumbre del G-20 en Pittsburg, donde José Luis Rodríguez Zapatero podría mantener un encuentro con el presidente de EEUU, Barack Obama.

Defensa afrontará la aplicación de la Ley de Carrera Militar, la reorganización del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) tras el nombramiento de su nuevo director y el desarrollo de los nuevos cometidos de los militares españoles en Afganistán, que a partir de octubre se encargarán de velar por la seguridad en el aeropuerto de Kabul.