CIU, ERC e ICV avisan de que un fallo adverso sobre el Estatut abrirá una grave crisis política

MADRID | EFE
Los grupos catalanes en el Congreso calientan motores ante la próxima decisión del Constitucional sobre el Estatut, un fallo que de suponer una «lectura regresiva» de la Carta Magna abriría, advierten, una grave crisis institucional y política que amenazaría incluso, según ERC, la existencia del Gobierno.
«Estamos absolutamente convencidos de la constitucionalidad del Estatut», es la frase unívoca que de entrada pronuncian los portavoces de los tres grupos catalanes en la Cámara Baja, Pere Macías (CiU), Joan Ridao (ERC) y Joan Herrera (ICV).
A partir de ahí sus discursos van por caminos diferentes pero convergen en una advertencia: si la sentencia del Tribunal Constitucional es «adversa» al Estatuto catalán se abrirá una grave crisis institucional en España.
El secretario general de ERC va más allá. A su juicio, si se produce una sentencia «negativa» que «lamine aún más el Estatut» estaremos ante «el problema político más grave del Gobierno en democracia» y puede «complicar y condicionar la existencia y la vida política de este Gobierno».
Ridao se muestra convencido de que ante este «callejón sin salida» que supondría una sentencia «adversa», el Gobierno catalán y «todas las fuerzas de orden catalanista» van a optar por «desplegar de facto el autogobierno, prescindiendo incluso de la sentencia».
Desde CiU creen que se abriría una «crisis política importante» que se «dejaría sentir» en Madrid, porque una sentencia adversa rompería «el consenso básico que permitió que se pactara entre todos la Constitución».
«Esto es un problema importante. No es un problema catalán, es un problema del Estado español», remarca Macías.
¿Habrá un conflicto institucional grave? «Por supuesto que sí», afirma también tajante Joan Herrera, quien cree que el Gobierno debería entonces elaborar «una nueva hoja de ruta» porque el «pacto político» entre Cataluña y el Estado que supone esta ley orgánica «se tienen que cumplir».
A su juicio, y en la misma línea de la postura oficial del tripartito catalán, hay vías para hacer que se respete el texto original del Estatuto y, al mismo tiempo, el criterio del alto tribunal.
Estas vías pasan, según apunta Herrera, por el artículo 150.2 de la Constitución, que establece que el Estado podrá delegar a las comunidades facultades de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia.
Para el portavoz de ICV, otra solución estaría en la modificación de las leyes orgánicas que el Alto Tribunal considerara en su caso lesionadas por la norma catalana.