El PP no logra que De la Vega y Rubalcaba hablen de la «persecución» en el Congreso

MADRID | EFE El PP no logró ayer que la Diputación Permanente del Congreso apoye sus peticiones de comparecencias urgentes de la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega y del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, para explicar la supuesta «persecución» política del Gobierno a este partido.
La mayoría de los grupos votaron en contra de las solicitudes del PP, que incluían también la comparecencia del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, a excepción de CiU y PNV, que se abstuvieron, al igual que NaBai en el punto relativo a Rubalcaba.
Soraya Sáenz de Santamaría, en nombre del PP, vinculó esta supuesta «persecución» política al «temor» del Gobierno ante el hecho de que «su propia incapacidad de gestionar con eficacia» la crisis «se traduzca en un duro castigo electoral».
Y es que al Gobierno «le preocupa más acabar con el PP que tratar de acabar con el desempleo», opinó, antes de apuntar que de las 53 actuaciones abiertas contra cargos del Partido Popular en los últimos tiempos, 49 han sido ya archivadas.
Son datos recogidos en un informe que ultima el grupo popular para acreditar la «doble vara de medir del Gobierno» frente a los casos de corrupción en los que se han visto implicados miembros del PP y del PSOE.
En el caso del PP, el «modus operandi», según Sáenz de Santamaría, es: «Se detiene, se esposa y se exhibe a los imputados en prime time, ante los medios de comunicación previamente convocados, y se les retiene hasta el límite constitucional de las 72 horas».
Después, en la mayor parte de los casos, «la única pena a la que han sido condenados ha sido a la pena del telediario», ironizó.
Por contra, de los 61 casos abiertos en los que están involucrados dirigentes del PSOE, en 37 continúan todavía las actuaciones; «eso sí –agregó–, sin esposas, sin filtraciones, sin medios de comunicación».
Con todo, quiso dejar claro la confianza del PP en la Justicia y en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que «se limitan a hacer su trabajo» y a «obedecer órdenes».